La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga la persistencia de posibles prácticas contrarias a la regulación de la competencia por parte de empresas dedicadas al transporte de viajeros y vehículos por vía marítima entre Algeciras y Ceuta, y que ya fueron sancionadas por ellas.

Las conductas investigadas consisten presuntamente en acuerdos y/o prácticas concertadas para fijar precios y otras condiciones comerciales, de reparto de mercado e intercambios de información comercial sensible con objeto de coordinar los precios y los horarios de las diferentes rotaciones diarias, y repartirse los derechos de atraque de los buques en los puertos.

La CNMC investiga si estos presuntos acuerdos han afectado a las licitaciones públicas convocadas para la prestación del transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Ceuta-Algeciras.

Ya en 2011, la antigua Comisión Nacional de la Competencia sancionó a Balearia Eurolíneas Marítimas S.A., Buquebus España y Euromaroc 2000 (las tres, empresas del Grupo Balearia) y Förde Reederei Seetouristik Iberia por prácticas anticompetitivas similares a las ahora analizadas. Esa resolución fue confirmada tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo en lo que a la conducta se refiere.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Defensa de la Competencia, posteriormente se inició un expediente de vigilancia para garantizar que las empresas sancionadas cesaran sus prácticas anticompetitivas y cumplieran lo estipulado en la resolución. En ese marco, la CNMC ha realizado inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el mercado de transporte de viajeros y vehículos por vía marítima entre Algeciras y Ceuta.

Estas inspecciones son consecuencia de los indicios detectados en el marco del expediente de vigilancia y suponen el inicio de una nueva investigación por parte de la CNMC. Además, se trata de las primeras inspecciones realizadas en el ámbito de las actuaciones de vigilancia de las resoluciones de la CNMC y suponen, en definitiva, un refuerzo de las mismas.

Las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

Si como resultado de las mismas se encontrasen indicios racionales de la existencia de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación de un expediente sancionador que podría alcanzar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.