Las Administraciones que subvencionaron a los ganaderos lácteos podrán reclamar daños y perjuicios a los productores de la leche que participaron en el cártel, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El fallo argumenta que el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite reclamar no sólo a los consumidores y proveedores afectados por el cártel sino a todos aquellos que haya sido afectados indirectamente, siempre que exista un “nexo causal” entre el daño y el cártel. “No es preciso que tenga un vínculo específico”, señala la resolución.

Un cártel (también se utiliza sin la tilde, cartel) es un convenio o asociación entre empresas comerciales de un mismo sector para evitar la competencia y controlar la producción, la venta y los precios de determinadas mercancías.

De esta forma, se resuelve una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo de Austria, que preguntaba si la norma nacional que restringía las reclamaciones a los directamente afectados era acorde al Derecho europeo. La consulta hacia referencia a la pretensión de una región austriaca de reclamar daños y perjuicios al cártel de los ascensores, porque el alza de los precios de ascensores y escaleras mecánicas llevó a la Administración regional a plantear subvenciones, préstamos blandos y ayudas públicas.

La conclusión del Tribunal Europeo de Justicia es que la Administración regional puede reclamar mientras exista un nexo causal entre el daño producido y el cártel. “Obviamente existió porque fue precisamente el alza artificial de los precios de los ascensores lo que llevó a la Administración a plantear ayudas públicas. Ahora podrá recuperar ese dinero para destinarlo a proyectos de valor añadido en términos de interés general”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en Derecho europeo y de competencia.

Este planteamiento no sólo es válido para las Administraciones Públicas, sino también para cualquier proveedor que se hubiera visto a ajustar su margen como consecuencia del cártel, apunta Navas. “Y no sólo en el cártel de la leche, sino en todos, como el de los fabricantes de camiones o el del Euribor”, añade.

Este experto señala que la sentencia europea sobre el caso austríaco también se aplica al caso español de la leche. “Las presiones del cártel de la leche sobre los pequeños ganaderos forzaron a algunas Administraciones a ayudar a las pequeñas explotaciones; ahora podrán reclamar al cártel dichos fondos porque la relación entre las ayudas y la existencia del cartel es bastante evidente”, argumenta.

El letrado recomienda a las diferentes Administraciones que subvencionaron la leche que reclamen a los miembros del cártel. “Esos fondos fueron esfuerzo fiscal que se malversó como consecuencia del cártel, y que se puede utilizar a mejorar de verdad la vida de los ciudadanos. Y además, esto es aplicable a todos los proveedores de todos los cárteles; se ha abierto una puerta de esperanza para muchos afectados”, concluye el socio-director de Navas&Cusí.

Primera sentencia sobre el cártel de camiones

La Audiencia Provincial de Valencia condena a Fiat-Chrysler a indemnizar con el 5% del valor del camión vendido más los intereses legales desde el momento de la compra. Se trata de la primera sentencia europea sobre el cártel de camiones. “Una muy buena noticia que ayuda a despejar el horizonte indemnizatorio”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en Derecho europeo y de la competencia.

El 19 de julio de 2016 la Comisión Europea impuso una multa de 2.930 millones de euros a Man, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz y DAF por haber realizado prácticas contrarias a la libre competencia. Todos los fabricantes reconocieron haber formado parte del cártel para minorar la sanción, excepto Scania, que fue sancionada con otros 880 millones de euros el 27 de septiembre de 2017.

“Los expedientes sancionadores son muy evidentes, y los mismos fabricantes lo reconocen. La sanción impuesta por la Comisión es complementaria a las responsabilidades que deben de afrontar en los tribunales. El hecho de que haya llegado la primera sentencia es muy buena noticia porque abre el camino a otras muchas; prevemos avalancha”, subraya este experto.

El bufete Navas & Cusí calcula que el 90% de los camiones que circulan por Europa están afectados por el cartel. “Cerca de 30 millones de vehículos”, apunta Navas, que calcula el daño entre un 10 y un 25% del precio de venta. “A eso hay que añadir los sobrecostes financieros y len gasolinas y peajes por pactar además el ‘timing’ para implementar las mejoras tecnológicas y medioambientales exigidas por la Comisión”, señala su socio-director.

El informe de la Comisión Europea evidenció que hubo reuniones y llamadas entre directivos de las empresas supuestamente competidoras entre 1997 y 2004. A partir de 2004 el sistema se sofisticó y comenzaron a dialogar a través de plataformas digitales. “El expediente demuestra que el cártel funcionaba como un reloj, pero la eficiencia del cartel era el perjuicio de los consumidores”, señala Navas.

El plazo para reclamar es de 10 años más los 5 que llevó a la Comisión concluir su expediente sancionador. “En definitiva, pueden reclamar todos los que hayan adquirido un camión desde  2014. Actualmente hay cerca de 22.000 demandas presentadas, pero el número de afectados es muy superior y la sentencia de Valencia ofrece esperanzas a muchos perjudicados por el cartel”, concluye este experto.