Fueron muchos los expertos en el mundo del derecho los que advirtieron al Tribunal Supremo de las muchas deficiencias que tenía la causa incoada a los independentistas catalanes, desde la instrucción realizada por el juez Pablo Llarena hasta el juicio que presidió Manuel Marchena. Voces de ex jueces del Tribunal Constitucional (curiosamente sólo se pronuncian los que se han jubilado) catedráticos de Derecho, juristas eminentes e incluso organismos internacionales de reconocido prestigio han cuestionado la forma y el fondo de este proceso. Nadie les hizo caso.

Los defensores de los justiciables siempre han dicho que el final de este proceso está en los tribunales europeos y por ello se han hartado de presentar recursos al Constitucioal (no se puede ir a Europa si antes no has agotado los organismos judiciales locales) y estos, contra lo que es habitual, no sólo los ha admitido si no que los deja almacenar polvo en algún cajón.

Paralelamente surgieron infinidad de jueces aficionados que se dedicaron a cerrar filas con la instrucción de Llarena y el juicio que presidió Marchena, desde tertulianos, políticos, comentaristas… no sólo condenaron a los encausados sino que valoraron positivamente el trabajo e los jueces. Cómo celebraron las peticiones de extradición de los políticos exiliados y como dieron por hecho que Bélgica, Alemania o el Reino Unido los traería a España. ¡Qué cantidad de improperios tuvieron que oír los jueces europeos cuando dictaminaron que no procedía la extradicion! Recuerdan. La retirada y la reposición de estas órdenes fueron el hazmerreír de los tribunales europeos, especialmente cuando los tribunales alemanes aceptan la extradición de Puigdemont sólo por la acusación de malversación de fondos públicos y a Llarena, una vez vista la causa por el tribunal de Schleswig-Holstein, lejos de aceptar que ha perdido la partida decide retirar la euroorden al conocer el resultado.

Ahora también ha escandalizado a determinado sectores de la opinión pública la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de reconocer como eurodiputado a Rioloro Junqueras y desautorizar el veto español a que tome posesión una vez elegido. Ello ha conllevado que adquirieran la condición de eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comin, además de la severa advertencia de Luxemburgo de que España ha de acatar sus decisiones.

Puede que todo el mundo esté equivocado menos nosotros, pero España se ha integrado en la Unión Europea y el la ONU firmando determinados convenios que ha de cumplir. De moemnto los abogados de los independentistas catalanes están ganando en Europa todo lo que pierden aquí. Y el problema no es lo que ha pasado si no todos los recursos que aún están pendientes de resolver que pueden significar grandes reveses para la cúpula judicial española.

Ante esta situación quizás sería conveniente replantearse seriamente el papel y la composición de los altos tribunales españoles. Parece que necesitan una urgente ITV (y de paso se lo pueden aplicar también determinados quijotes de la comunicación)