En la última década el mercado del alquiler en España ha experimentado un crecimiento moderado. Así, entre 2007 y 2017, se han incrementado los alquileres un 3,3%, alcanzando ya los 3,5 millones de viviendas (el 18% del total). Esto es debido, fundamentalmente, a la situación económica, la dificultad de acceso a las hipotecas y al cambio de la propia mentalidad de los españoles. La subida de precios y la disminución de la oferta disponible son otros de los inconvenientes que se encuentran a la hora de buscar un piso.

Casi el 30% de los inquilinos españoles reconoce haber tenido un conflicto con su casero por una subida que llegan a considerar “abusiva e injustificada” del precio del alquiler. Las disputas entre arrendatarios y arrendadores son habituales, ya que 3 de cada 10 personas que viven de alquiler en España afirma que ha sufrido, en alguna ocasión, algún conflicto con el propietario de la casa que renta, según el informe “Inquilinos vs Caseros. Los conflictos en la vivienda de alquiler en España (2019)”, realizado por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora y basado en una encuesta realizada a más de 1.700 personas de todo el país y que viven en régimen de alquiler.

No hacerse cargo de una reparación (48%), retener la fianza sin motivo (25%) y pedir “pagos en negro” (20%) son algunas de las desavenencias más comunes entre inquilinos y caseros españoles.  7 de cada 10 inquilinos acusan a los caseros de alquilar viviendas “descuidadas” y sin las reformas necesarias.

A pesar de ser uno de los bienes más valiosos, asegurar la vivienda sigue sin ser una prioridad para los españoles; incluso para quienes deciden poner su propiedad en el mercado del alquiler. En España hay aproximadamente 2,2 millones de viviendas residenciales alquiladas sin seguro del Hogar, lo que supone el 63% del total. Un fenómeno que, quizás, sea debido al desconocimiento que existe en relación al aseguramiento de una vivienda alquilada: el propietario tiende a asegurar la propiedad que alquila (el continente) y el inquilino sus muebles y enseres (el contenido).

Casi el 30% de los inquilinos españoles declara ignorar por completo si la casa en la que viven está asegurada, especialmente los más jóvenes (18-29 años), quienes muestran un menor grado de conocimiento sobre estas cuestiones.

El 23% de los inquilinos afirma haber sufrido algún siniestro estando de alquiler. Los más comunes en estos hogares son los daños por agua o inundaciones (60%), los daños eléctricos (21%) y las roturas de cristales (16%). Un 4% de los siniestros en las viviendas de alquiler españolas fueron causados por la típica decoración de Navidad.

El 55% de los españoles que viven en alquiler asegura haber tenido problemas con su arrendador por algún siniestro. Entre las razones más frecuentes se encuentra el no tener contratado un seguro del Hogar, y así lo asegura 1 de cada 5 inquilinos.

Andalucía, la Comunidad Autónoma con más conflictos

El 34% de los inquilinos españoles reconoce haber tenido algún problema con su casero. Pero no todas las Comunidades Autónomas presentan el mismo grado de conflictividad entre arrendadores y arrendatarios. Los territorios con más desavenencias son Andalucía (44%), Galicia (42%) y Extremadura (41%). En el lado contrario se sitúan La Rioja (14%), Navarra (24%) y País Vasco (28%), donde inquilinos y caseros se “llevan mejor”.

Casi el 50% de los españoles que vive de alquiler lo hace porque no le queda más remedio, al no poder permitirse económicamente adquirir una vivienda en propiedad. Y en esta situación, un 64% admite haber tenido dificultades para acceder al alquiler, ya fuera por el precio del inmueble o por los requisitos exigidos por los caseros.

El precio medio real de alquilar una vivienda es de 819€ en el caso de Madrid y 769€ en Barcelona, según el Ministerio de Fomento. Los precios de los alquileres se han disparado un 50% de media en los últimos cinco años, según el Banco de España. Los inquilinos consideran que los culpables de esta situación son el Gobierno por no limitar los precios o no fomentar la oferta (58%), el auge de los alquileres turísticos (39%) y los propios caseros por querer especular con la vivienda (38%).

Para hacer frente a esta situación, piden mayores ayudas económicas (49%) la intervención del mercado, regulando los precios (45%), una legislación más dura que proteja a los propietarios de morosos (33%), y aumentar la vivienda pública destinada al alquiler (52%).