La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió 41 recomendaciones en el tercer trimestre,. Entre ellas, aconseja a la Administración Central que destine los ingresos obtenidos por encima de lo previsto y los ahorros derivados de la ausencia de modificaciones en el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA para reducir la desviación sobre su objetivo de estabilidad presupuestaria.

Hacienda cumplió la recomendación de activar las medidas preventivas para las comunidades autónomas, pero de manera más extensiva a la sugerida por la AIReF, al fundamentarse únicamente en una interpretación literal de la Ley Orgánica Al mismo tiempo, se comprometió a valorar la posibilidad de fijar objetivos diferenciados para las regiones y a analizar posibles fórmulas para minimizar la distorsión ocasionada por el cálculo de los fondos europeos en el cumplimiento de la regla de gasto.

Por el contrario, se apartó del resto de recomendaciones, bien por considerar que no son necesarias (la activación de medidas preventivas para determinadas corporaciones locales o la fijación de los objetivos de deuda de las comunidades autónomas considerando el superávit obtenido) o que son de imposible cumplimiento (fijar los recursos del sistema de financiación autonómica que van a recibir las regiones con la suficiente antelación).

Las recomendaciones de la AIReF iban encaminadas a lograr el cumplimiento de las reglas fiscales al cierre del ejercicio. La Autoridad Fiscal solicitó a Hacienda la activación de las medidas preventivas previstas en la ley para la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Canarias, Madrid y Navarra, si bien para las tres primeras se requirió que la adopción de estas medidas se sustanciara a través de los planes económico-financieros 2019-2020 pendientes de presentación y aprobación.

En el ámbito local, solicitó la activación de las medidas para los entes analizados para los se estimaron tasas de variación del gasto en torno al 10% (Ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, así como al Cabildo Insular de Tenerife) o con problemas estructurales de sostenibilidad (Ayuntamientos de Almonte, Jaén, Jerez de la Frontera, Parla y Navalcarnero).