La industria española, responsable del 12,6% del PIB y del 11,5% del empleo – lejos del 20% marcado como meta en el primer caso por la UE para este 2020 – vive “cierto cambio” en lo relativo a su especialización. Según un informe del Consejo Económico y Social (CES), el sector industrial en nuestro país ha girado “en las últimas décadas” hacia un modelo con mayor protagonismo de las ramas de tecnología alta y media-alta, como la alimentación, la química y la farmacéutica, en detrimento de sectores con tecnologías medias y medias bajas.

Este informe, que pide una mayor atención a la política industrial que reoriente los incentivos y coordine la acción hoy dispersa de los diferentes Gobiernos implicados, detecta esta “pérdida de peso” de los procesos de fabricación con tecnología media y media-baja; y un incremento de los citados sectores químico y alimentario, destacados por su innovación tecnológica.

Sin embargo, queda mucho por hacer, según reiteran los redactores de este documento confeccionado por los miembros del órgano consultivo, entre los que destacan patronal y sindicatos.

El documento reclama en primer lugar la firma de un Pacto de Estado en torno a la industria, que fije los cimientos de un futuro industrial marcado por los retos de la digitalización, el cambio climático y la transformación de la demanda mundial.

Un pacto de Estado donde se componga una nueva ley de Industria a fin de coordinar las políticas del Gobierno central y de los Ejecutivos autonómicos, y poner fin a la actual dispersión normativa, según denuncian los redactores del informe. Y que se alinee además con la acción del Ejecutivo supranacional de la Unión Europea (UE), al que el CES reclama el fomento del nacimiento de grupos empresariales europeos que pongan fin al dominio estadounidense y chino de la industria global.

Una política que, a este nivel, debería ofrecer tutela jurídica a los nuevos trabajadores de las plataformas digitales cuyo modelo de negocio ha hecho saltar las costuras del sistema de relaciones laborales en todo el mundo. Y que obligue a respetar la ley europea sobre derechos laborales y medio ambiente a las compañías que trasladen fuera de la UE su producción, según reclaman.

Además, los agentes sociales reunidos en el CES exigen una nueva fiscalidad para estas plataformas digitales; así como la salvaguarda de los estándares sociales, laborales y medioambientales en el caso de los tratados comerciales firmados con terceros países.

Medidas antimonopolio

En relación con el negocio digital, el informe pide además evitar la “consolidación” de estructuras de mercado “cuasi monopólicas” como las actuales; así como diversas medidas, ya clásicas en relación a este asunto.

En relación con la energía, el informe demanda una política clara y predecible, así como algunas acciones de mejoren la capacidad de competir de las empresas españolas muy dependientes del suministro energético, como la firma de contratos a largo plazo; o el traslado del coste de diversas ayudas fuera del recibo de la luz, y su financiación vía Presupuestos.

Finalmente, destacan entre las medidas propuestas la fijación de una estrategia formativa en competencias digitales, con especial atención a la empleabilidad de las mujeres.

Además, el documento reclama que, en relación con el cambio climático, se fomente un desarrollo de las energías renovables que “debería estar acompañado de una cuota de participación de fabricantes españoles en las nuevas plantas de generación”.