Con el tiempo suficiente para leer y analizar ese proyecto de programa firmado por el PSOE y Unidas Podemos, la primera y más evidente conclusión es, para definirlo de una forma simplista y entendible es que se trata de una carta a los Reyes Magos o, lo que es peor, del Cuento de la Lechera, que ya sabemos que al final se rompió el cántaro, con el agravante de que en este caso el cántaro se llama España.

Un programa de utopías y buenas intenciones que se traduce en una orgía de gasto público, pero sin decir cómo se va a pagar y que, además, obvia la reducción del déficit público y de la deuda y, siguiendo la más pura ortodoxia del zapaterismo, oculta la recesión económica que ya está sufriendo nuestra economía y, en consecuencia, tampoco introduce medidas de respuesta para paliarla y combatirla. Al contrario, incluye entre sus objetivos prioritarios la derogación de la Reforma Laboral, que organismos como el Banco de España, la Comisión Europea y otros muchos analistas nacionales e internacionales, avalan como el instrumento que ha permitido crear cerca de medio millón de puestos anuales de trabajo y ha conseguido que la economía española sea capaz de generar empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2 por ciento, algo insólito en nuestra historia económica reciente.

Las cifras que manejan los expertos y que no aparecen en el texto de la coalición, elevan a más de 35.000 millones de euros el coste de esas medidas de Gobierno, de los que 6.000 millones se llevaría sólo la revalorización de las pensiones acorde con el IPC, de acuerdo con las cifra del Banco de España y otros 10.000 millones esa renta de inserción  para familias sin ingresos que ha conseguido colocar la formación de Pablo Iglesias en ese desiderátum populista.

A esto habría que añadir los más de 7.000 millones que cuestan las promesas de Sánchez a los partidos regionalistas, privilegiados por una ley electoral injusta, para comprar su voto en la sesión de investidura, amén de los 800 de pérdida de ingresos fiscales por la amnistía de Hacienda a la familia Pujol para seguir dorando la píldora a los independentistas catalanes.

Una orgía de gasto público, a la que se añade la consagración de una Administración elefantiásica con una veintena de Ministerios, frente a los doce que tenía el último gobierno de Rajoy,  y que Sánchez, Iglesias y compañía, ni dicen ni saben como van a poder sufragar. De hecho la subida de impuestos que propugnan apenas va a aportar un aumento de recaudación de 5.000 millones de euros, amén de que esa fiscalidad no la van a pagar los destinatarios de la misma, sino los ciudadanos de a pié, muchos de los cuales por ignorancia o fanatismo se frotan las manos hablando de que pagaran las empresas y los ricos sin reparar en lo que se les viene encima. O, ¿acaso piensan que los bancos, las tecnologías, las energéticas o las empresas en general no van repercutir esa subida impositiva en los consumidores mediante incrementos de comisiones, eliminación de servicios gratuitos en la red, subidas de precios o destrucción de puestos de trabajo?

Pero la cosa no acaba aquí. Porque la Comisión Europea ha exigido a España unos recortes de gasto por importe de unos 9.000 millones de euros para cumplir con los objetivos de déficit. Un déficit que España no sólo ha incumplido en 2019 sino que se ha incrementado por primera vez desde el año 2013, rompiendo una tendencia de reducción continuada desde entonces.

Y eso se produce en un contexto en que la economía ha crecido por primera vez también desde el inicio de la recuperación por debajo del 2 por ciento – el 1,9 por ciento en el cuarto trimestre de este año- y con una importante desaceleración en el empleo. Esto es lo que hay y quienes no lo ven así, o  mienten o se hacen trampas en el solitario, que luego pagaremos todos y con intereses.