Los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han reclamado hoy al Gobierno que fije un nuevo rumbo político enfocado principalmente en corregir la desigualdad y la precariedad en el trabajo mediante una agenda “progresista” que se afane en derogar las últimas reformas laborales y de pensiones, y en lograr nuevos ingresos, mediante subidas selectivas de impuestos, para asegurar unos servicios públicos de calidad.
Tras conocer la confianza dada por la Cámara a la investidura del socialista Pedro Sánchez, que gobernará en coalición con Unidas-Podemos, las organizaciones sindicales mayoritarias han mostrado hoy su satisfacción por la nueva mayoría, a la que han pedido “inteligencia política” para huir del clima de “crispación extrema” instalado en la política española, ha dicho el líder de CCOO, Unai Sordo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto el acento en la lucha contra la temporalidad en la contratación, el paro, y en el mantenimiento del poder de compra de las pensiones, así como en la reforma de la formación profesional, y en otras “reformas paralelas” relacionadas con la modernización de la economía, como la digitalización y la transición energética.
Sordo ha pedido además al nuevo Gobierno comandado por Sánchez y el jefe de la formación ‘morada’ Pablo Iglesias, que huyan de la “confrontación “extrema” que ha podido verse hoy, en su opinión, durante la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.
De otro lado, UGT ha mostrado en un comunicado su “satisfacción” por el resultado de la votación que va a convertir a Sánchez de nuevo en presidente, tras un período superior a 250 días en funciones. “Ya es hora de que los políticos afronten el verdadero debate que preocupa a la mayoría social; el empleo, los salarios, las pensiones, la vivienda, los servicios sociales…”, afirmaron.
UGT ha hecho además hincapié en la necesidad de subir los salarios más bajos, al tiempo que recordó el compromiso de la patronal CEOE de impulsar una subida del salario mínimo por convenio hasta los 1.000 euros en catorce pagas en este 2020; y además reclamó la aprobación de una prestación de ingresos mínimos, según se recoge en la iniciativa legislativa popular presentada por ambos sindicatos ante las Cortes.
Finalmente, los ‘ugetistas’ reclamaron una reforma fiscal “integral” que asegure dinero para financiar los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como una ampliación del gasto de las Administraciones, plasmada en unos Presupuestos Generales del Estado “expansivos” para 2020.
Por su parte, los autónomos de UPTA recordaron algunas cuestiones “pendientes” en relación con el marco legislativo que regula la prestación de estos servicios profesionales, como la introducción de la cotización a la Seguridad en función de los ingresos reales – un sistema al que se opone la asociación mayoritaria del sector ATA–, así como una regulación del sistema de formación que desarrolle la reforma que obliga desde 2019 a cotizar a los autónomos por estos cursos de formación.
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