La división del actual ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en dos grandes ministerios, que den cabida a los ministros de Unidas-Podemos en el Gobierno de coalición junto al PSOE, preocupa a sindicatos y empresarios. Por un lado, UGT ha advertido de la dificultad de coordinar ambas áreas, muy dependientes en la actualidad. Por otro, los empresarios han confiado que la batuta económica quede en manos del PSOE.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido hoy del riesgo de diluir las políticas de corte social debido a la división proyectada del actual ministerio de Trabajo. En la actualidad, el departamento se encarga de las políticas de trabajo, migraciones y seguridad social. Sin embargo, con la entrada en el Gobierno de Unidas-Podemos a partir del próximo domingo, el ministerio quedará escindido en dos, según han confirmado hoy en fuentes del Gobierno a la agencia Europa Press.

De este modo, el socialista Pedro Sánchez aparta de las manos de Yolanda Díaz, la próxima ministra de Trabajo, de Unidas-Podemos, la gestión de la Seguridad Social, que, como pagador de las pensiones, es el organismo con mayor cifra de gasto de todos cuantos componen la estructura administrativa de España.

Según estas fuentes, el futuro ministerio de seguridad social asumirá además las competencias en materias como Inclusión y Migraciones, si bien todavía se desconoce si su actual titular, Magdalena Valerio, continuará al frente del ministerio, o si por el contrario será otra persona quien pilote el rumbo del pagador de las pensiones.

Difícil gestión, según UGT

La dispersión de competencias ha irritado a los agentes sociales, y en concreto a UGT, cuyo líder Pepe Álvarez ha dicho hoy que resultará “difícil” hacer políticas en esta materia cuando la responsabilidades “están tan repartidas”.

Álvarez ha recordado que la seguridad social tiene una relación muy directa con la Inspección de Trabajo, que vela por el respeto de las condiciones laborales, y cuyo mando corresponde al ministerio de Trabajo. “Es difícil hacer políticas cuando las competencias están tan repartidas”, ha destacado, tras insistir en la necesidad de una coordinación “muy estricta” entre los dos futuros ministerios a fin de salvaguardar la “coherencia” de sus políticas.

Álvarez ha opinado además sobre las distintas sensibilidades que convivirán en el Ejecutivo de Sánchez, en este caso dentro del propio PSOE, con la presencia de dos ministras en el Gabinete, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que seguirá en el cargo en el nuevo Gobierno.

“Calviño y Montero no piensan exactamente lo mismo”, ha dicho el líder sindical, en declaraciones a Radio Nacional, en relación con las políticas económicas.

Los empresarios prefieren al PSOE

Por su parte, los empresarios han seguido llamando a la calma para rebajar la tensión que ha generado la investidura de Sánchez, apoyada en la abstención de ERC y Bildu, y sobre todo en la formación de una coalición entre el PSOE y la izquierda de Unidas-Podemos.

Un Gobierno “legítimo”, ha tenido que recalcar hoy el líder de CEOE, Antonio Garamendi, pero que sigue asustando a parte del empresariado, temeroso de sus políticas en asuntos como gasto, impuestos y reformas, según ha dicho hoy sin tapujos el presidente de las pequeñas y medianas empresas (pymes), Gerardo Cuerva.

Cuerva ha dicho preferir que sea el PSOE el partido que retenga en su mano el poder de decisión en materia económica. Y, aunque ha llamado a “ser cautos” y esperar a ver los primeros pasos del Ejecutivo, ha deslizado sin embargo algunas amargas críticas al discurso político que se ha mantenido en los últimos tiempos.

En concreto, según Cuerva, a los empresarios “lo que más les duele” es que el discurso político se haya polarizado en torno a dos ejes basados en una “dicotomía entre empresa y progreso”.

Una división falaz, ha afirmado el líder de las pymes, quien, tras elogiar a Nadia Calviño, ha advertido además frente al “gravísimo error” que supondría una supuesta acción unilateral del Gobierno en materias que les afectan, en contestación a las demandas por ejemplo de UGT, cuyo líder ha pedido al nuevo Ejecutivo que derogue “sin negociación” y de forma urgente algunas materias como el despido por bajas médicas reiteradas, que avaló recientemente el Tribunal Constitucional.

“Orillar una cosa tan básica como el diálogo social sería un gravísimo error”, ha concluido.