Tras la constitución del Gobierno kilométrico y la subida de las pensiones un 0,9%, conforme al IPC, en el primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, ha llegado la hora de gobernar por decreto. Dada la correlación de fuerzas y la actitud de los partidos de la oposición, el decreto y la orden ministerial van a ser los principales instrumentos del Ejecutivo de la coalición progresista. Que decreten, pero que no hagan daño. Se comprende que un gobierno tan largo como un tren de mercancías con tantos vagones (22) necesite una cabeza y cuatro locomotoras detrás. Se entiende que si hablan todos, aunque solo sea cinco minutos cada uno (dos horas), los Consejos de Ministros van a ser insoportables. Lo que tengan que hablar han de llevarlo hablado antes por imperativo del espacio-tiempo. Se admiten roces de competencias, pero que no salten chispas ni monten incendios.

Pongamos un ejemplo: si el verano climático ha calcinado cientos de miles de hectáreas en Australia con unos incendios tan pavorosos, ¿qué ocurrirá ocurrirá en las antípodas, donde estamos nosotros, el verano que viene? No lo sabemos. Estamos en invierno y para prevenir y evitar la catástrofe ahora tenemos una vicepresidenta (Teresa Ribera), además de un ministro de Agricultura (Luis Planas), los de Defensa (Margarita Robles al frente de la Unidad Militar de Emergencias), Interior (Fernando Grande Marlaska al mando de la Guardia Civil y de Protección Civil) y los Ejecutivos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos con competencias en la materia. Si no se adoptan las medidas oportunas no será por falta de superestructura.

El siguiente paso será el desfile de los 22 ministros y ministras de ese Gobierno paritario por las comisiones parlamentarias correspondientes para exponer sus planes. Conoceremos entonces su grado de empatía o capacidad de atracción de la oposición a sus proyectos y planteamientos concretos. De antemano saben que su margen de maniobra es mínimo, tanto en lo político como en lo económico. La sociedad está esperanzada con la mejora de la equidad, que no es otra cosa que una más justa distribución de la carga. Pero para ello sería menester una normativa fiscal, laboral y presupuestaria que la oposición parlamentaria no está dispuesta a admitir. Ergo, decretos convalidables por mayoría simple si a ERC le place o les viene bien.

Ni siquiera la oposición de derechas (PP, Vox y C’s) acepta el funcionamiento normal de las instituciones, como se desprende del boicot anunciado el miércoles en la Junta de Portavoces del Congreso a la renovación de los órganos constitucionales (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de RTVE y Consejo del Poder Judicial). “Nos preocupa el boicot”, salió diciendo el socialista Rafael Simancas, “y les pedimos que abandonen la vía de la radicalidad y sean leales al interés general de los españoles y a la Constitución”.

Como a nadie le amarga un dulce, y a la derecha, tampoco, hemos de suponer que mantendrá el bloqueo de los referidos órganos, aunque haya caducado el mandato de sus presidentes y consejeros. Vale recordar que la administradora única de RTVE, Rosa María Matero, fue elegida para un mes y lleva más de un año en el cargo. Las prórrogas son malas consejeras, deterioran la legalidad y restan legitimidad. En este caso cabe esperar del rey Felipe VI el preparado una llamada a la sensatez de esa derecha emberrechinada en el discurso de apertura solemne de la legislatura, aún sin fecha.