Concursos y ERE: las pymes necesitan apoyo y seguridad jurídica

17/01/2020

Luis Jiménez-Arellano Larrea (Bufete Mas y Calvet). "Cuando la actividad de las empresas echa el freno, en numerosos casos quienes primero pierden son los trabajadores", advierte este experto.

Esta semana se dieron a conocer datos sobre los concurso de acreedores registrado el pasado año que confirman lo que en muchos bufetes de abogados se ha notado como una tendencia, mucho más acusada en el segundo semestre de 2019: la actividad empresarial no parece estar en su mejor momento y las expectativas tampoco acompañan.

Las cifras las hizo públicas Axesor: en 2019 se registró el mayor incremento de procedimientos concursales desde 2015, con un alza del 17,2%. En total, fueron 4.814 procedimientos. El sector más afectado en términos relativos ha sido el de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, donde el dato de 2019 cuadruplicó al de 2018, seguido de Hostelería, Industria manufacturera, Comercio y Construcción.  Por comunidades autónomas, el ranking lo lideran Cataluña, con 1.221 quiebras (+26,1%), y Madrid, con 903 insolvencias (un incremento del 20,9%).

Las previsiones indican que es muy probable que esta tendencia se mantenga a lo largo de 2020. La serie de cambios legislativos anunciados en el acuerdo para un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, con un fuerte impacto en la normativa laboral, ha podido influir en esta situación.

La legislación laboral debe velar por que tanto el empresario como el trabajador desempeñen sus respectivas funciones en un marco de paz laboral, que debe nacer de la premisa del respeto mutuo. No se trata de asfixiar al empresario, sino de darle las herramientas necesarias para que cree empleo. ¿Y cómo se logra generar empleo? Desde arriba hacia abajo; esto es, del empresario al trabajador. Este contexto marcado por los cambios legislativos y por indicadores que apuntan a una probable contracción económica, condiciona las expectativas empresariales y algunos negocios han optado por aligerar costes reduciendo plantillas.

Los datos oficiales confirman que los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han crecido un 56,4% respecto del mismo periodo de 2018. En total, suman más de 79.000 despidos. Los despidos colectivos crecieron un 49%, las suspensiones de contrato aumentaron en un 71%. Solo las reducciones de jornada mostraron una tendencia inversa, con una reducción del 34%.

Si los cambios legislativos se concretan, muchos empresarios, especialmente las pequeñas y medianas empresas o pymes que son más vulnerables, prevén dificultades no solo para asumir los nuevos costes de contratación, sino también los de despido. Y aquí es donde viene la conexión con los concursos de acreedores: los empresarios que no puedan hacer frente a las indemnizaciones por el incremento de su cuantía es probable que vayan a concurso de acreedores. Y este tipo de decisiones suelen generar una reacción en cadena en la que no solo están afectados los trabajadores, también los proveedores, clientes, acreedores, etc.

En el ámbito laboral, la serie de cambios legislativos anunciados parecen favorecer en un primer vistazo a los trabajadores, pero ¿qué ocurrirá a medio plazo? Si se concretan los anuncios del Ejecutivo, es probable que la iniciativa empresarial y las inversiones se ralenticen. Y cuando la actividad de las empresas echa el freno, en numerosos casos quienes primero pierden son los trabajadores. Lo más importante ahora parece ser la búsqueda de consensos para generar unas condiciones que favorezcan la creación de empresas, que incentiven las inversiones y la creación de puestos de trabajo, ofreciendo seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía.

 

Luis Jiménez-Arellano Larrea, abogado, especialista en Derecho Laboral del Bufete Mas y Calvet

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