Con el objetivo de déficit para este año prácticamente agotado en sólo tres semanas de año, la prioridad en que trabaja el equipo económico del Gobierno, con la vicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza es conseguir una prórroga de Bruselas para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Conscientes de la imposibilidad de cumplir la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al consumirse ya 4.612 millones de euros, el 0,4 por ciento del PIB, sólo en las subidas de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos, el secretario del Tesoro, Carlos San Basilio, avanzaba durante la décima edición del Spain Investors Day, que el Gobierno “ya está hablando” con Bruselas sobre los Presupuestos para 2020,  mientras que otros responsables del Ministerio confirman sotto voce que dentro de esas negociaciones se plantea ya una desviación del objetivo de déficit de este año de cinco o seis décimas, hasta el 1 o 1,1 por ciento, frente al 0,5 por ciento fijado en la hoja de ruta presentada por el gobierno de Mariano Rajoy.

Este desvío obligaría también a solicitar de la Comisión Europea una prórroga para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que la senda diseñada por Cristóbal Montoro fijaba para 2021 y que el gobierno de coalición PSOE-UP pretende retrasar hasta 2022, con una previsión de déficit de entre el 0,4 y el 0,5 por ciento para el próximo ejercicio. Una nueva hoja de ruta que, a tenor de los contactos mantenidos con las autoridades comunitarias y de las declaraciones optimistas de Calviño están obligando al gobierno de la coalición socialpopulista a plantearse que muchas de las medidas planteadas en ese Nuevo Acuerdo por España que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deberán dilatarse en el tiempo o aparcarse definitivamente.

Presiones comunitarias a las que se une la inquietud de los inversores internacionales  que en Davos y antes de Davos han evidenciado su intranquilidad por la deriva de la economía, especialmente tras constatar que el FMI ha vuelto a rebajar el crecimiento previsto de la economía española en 2020 a sólo el 1,6 por ciento, algo que ya había avanzado el Servicio de Estudios del BBVA una semana antes, con los consiguientes efectos sobre la ralentización y, más que posible destrucción, de empleo y aumento de la economía sumergida.

Los últimos datos conocidos sobre el clima empresarial, muestran como la creación de empresas, que son las que crean puestos de trabajo, ha registrado en noviembre su peor dato desde 2011, al caer un 8 por ciento hasta 7.331, mientras que las disoluciones en 2019 se elevaron a 34.478 con un crecimiento interanual del 2,1 por ciento y la confianza empresarial se hunde en el primer trimestre a su peor nivel desde 2016, lastrado por el fuerte empeoramiento de las expectativas de negocio. Al tiempo que dirigentes desde las asociaciones de comerciantes confirman una importante caída del consumo en las campañas de Navidad y de Rebajas

Quizás por eso en el equipo socialista del Ejecutivo, que no en el podemita, se han lanzado ya mensajes de que la derogación de la reforma laboral se quedará sólo en retoques sobre lo que ellos denominan, “aspectos más lesivos”, y que podrían afectar al absentismo, la subcontratación, devolver la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, y la reforma de la ultraactividad. Por eso y porque Sánchez y sus chicas son conscientes de que el compromiso de no derogar la reforma laboral apunta que será una de las condiciones exigidas por Bruselas para conceder la prórroga en el déficit. Y ya se sabe que sin las tetas del déficit no hay paraíso de los Presupuestos y sin ellos el jardín de las delicias de Moncloa les puede durar mucho menos de lo que pretenden.