La cúpula judicial transmite la sensación de que su ámbito de actuación le ha quedado pequeño y paradójicamente tras defender con uñas y dientes la separación de poderes son ellos los que invaden la competencia del poder tanto legislativo (con la sesgada interpretación que hacen de las leyes) ni el ejecutivo (las descalificaciones por el nombramiento de la fiscal general del Estado).

Es malo para la independencia judicial que los jueces se les etiquete con el calificativo de conservador o progresista pero con su actuación se ganan a pulso esta clasificación. Es perjudicial que actúen no aplicando las leyes si no apelando a razones de Estado, y tampoco parece que cuestionen, como se explica en la escuela judicial, la veracidad de los atestados policiales.

Esta invasión de competencia empezó en el País Vasco. Entonces, con asesinatos encima de la mesa, era difícil denunciar sentencias abusivas contra miembros de los partidos abertzales, situación que se ha prolongado hasta nuestros días con la dureza de la sentencia contra los jóvenes de Alsasua y la benignidad con que fueron tratados los miembros de la manada, o las discutibles sentencias sobre la violencia de género o los delitos de odio.

Ahora ETA no existe aunque algunos sectores del trifachito pretenden resucitarlo y las acusaciones de terrorismo a los que no comulgan con sus ideas se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Son conscientes que en el Congreso su papel es irrelevante (siempre y cuando los socialistas mantengan la disciplina de sus diputados) y por ello basan su actuación en el “no a todo”, en la calle y llevando a los tribunales cualquier actuación política.

Lo malo es que este ambiente se ha contagiado en los más altos tribunales del país. Por una parte el Tribunal Constitucional, supongo que consciente del terreno resbaladizo de los temas que le llegan, los aparca para evitar que se recurra a los tribunales europeos, que por cierto ya han dado serios disgustos a la judicatura española.

Este pulso entre los jueces y el resto de poderes también se dirime en decisiones muy discutibles de los primeros, como no respetar la voluntad popular y decidir quien puede ser diputado y a quien se le retira el acta, quien puede ser presidente de una comunidad y quien no.

“Es un problema de democracia y de derechos” aseguran notables juristas, pero el Congreso ha dotado a los jueces una ley mordaza que recorta drásticamente el derecho a la protesta y, con la interpretación que actualmente hacen de la figura de la sedición, se le puede aplicar a cualquier manifestante que altere el orden público.

Muchos ciudadanos se sienten indefensos, desde la intervención de llamadas telefónicas ante la sospecha de que se puedan cometer delitos hasta espectaculares actuaciones policiales con gran publicidad mediática que después quedan en nada. Sin olvidar el uso político que se hace en la comunicación de las sentencias en unas fechas muy concretas.

El gran papel que tiene este gobierno es acabar con la inseguridad jurídica que sienten muchos ciudadanos y permitir que los jueces, desde el más alto tribunal hasta el más modesto juzgado, recuperen la confianza de la sociedad.