Primero fue el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. Corroboró la CEOE, y confirmaron las empresas de consultoría. En España empieza a haber fuga de empresas y de capitales particulares que buscan estabilidad y seguridad en Portugal. Y también las grandes multinacionales que han parado sus inversiones en España estudian trasladar su sede central al país vecino. Y ahora a este exilio económico se suman también los agricultores y los ganaderos que a los bajos precios que perciben y la posición abusiva de los distribuidores, suman ahora la nueva subida del SMI que deteriora gravemente la viabilidad de sus explotaciones.

Lo anunció Pedro Barato en la Junta Directiva de la patronal del 22 de enero, antes incluso de que se enterara el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara que reacciona tarde y sin firmeza. Subir el salario mínimo obligará a muchos agricultores de Galicia, Castilla y León y Extremadura a trasladar sus explotaciones a Portugal, donde el SMI es de 700 euros mensuales en doce pagas.

Un éxodo que vuelve a poner en boga ese aforismo popular de “menos mal que nos queda Portugal”, empleado muchas veces con connotaciones negativas pero que hoy se emplea con admiración, reconocimiento y sana envidia, no sólo por ser un país espléndido, sino por su crecimiento económico y su situación política en contraste con la de esta España nuestra.

Una subida del salario mínimo en 50 euros, sólo la mitad de lo que prometían Pablo Iglesias con la aquiescencia inicial del presidente, que ha abierto también una grieta en el Gobierno y que se interpreta en círculos del PSOE como “el primer triunfo de Calviño” sobre la ministra de Trabajo, una Yolanda Díaz que ha visto también como la quitaban las competencias y el presupuesto, que es lo que más duele, sobre la formación profesional, que pasan ahora a Educación y será un ministro socialista el encargo de gestionar las políticas y los dineros.

Divergencias que se trasladan también al terreno de los alquileres donde la limitación de los precios, otra de las promesas estrella de Podemos, cuenta también con la resistencia de la vicepresidenta económica basada en la negativa experiencia que el tope de las rentas ha tenido en los países y urbes donde se ha implantado. Y que va a tener su batalla más cruenta en la reforma – que todo apunta no será derogación total- de la reforma laboral.

Las fuentes socialistas, y también de la CEOE donde el presidente Garamendi fía en las obras y las buenas razones de Calviño, insisten en que los cambios se limitarán a lo que desde el Ejecutivo y los sindicatos califican como “aspectos más lesivos”, entre los que se encuentran la normativa sobre el absentismo, la ultraactividad de los convenios, la primacía de los convenios de empresa para volver a poner por encima los sectoriales y territoriales, y la subcontratación.

De ellos estos dos últimos son los que más preocupan en la patronal por su repercusión sobre el aumento de los costes laborales, ya afectados por el incremento del SMI, y su repercusión sobre la contratación y en el empleo. Y con una consideración adicional que implica a las empresas que tienen contratos con la Administración que, en virtud de la normativa impuesta por Montoro y no derogada, no pueden repercutir el aumento de los costes en los precios. Pues, cuidado, que “a lo mejor estamos vistiendo a un santo para desnudar a los ángeles, arcángeles y a todo el santoral” que avisaba un destacado dirigente de la organización empresarial.