Toda decisión tiene sus consecuencias, y en el caso de la energía nuclear la decisión de abandonar su producción por decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel ya comienza a tener sus primeros efectos: el grupo energético E.ON busca recortar activos y empleos para contrarrestar la presión que supone dejar la energía nuclear, al verse obligado a reestructurar su negocio, que según sus cálculos afectará a 11.000 empleos. De momento, se plantea desprenderse de su red de transporte de gast natural (Open Grid Europe).

En concreto, el grupo alemán estudia la venta de la filial de la unidad de Ruhrgas, que opera una red de 12.000 kilómetros y emplea a cerca de 1.400 trabajadores, el 44% de la plantilla de Ruhrgas. Ruhrgas fue comprada por la energética alemana en 2003 por 10 millones de euros, y es la mayor red del país, ya que suministra energía a más de 450 clientes, principalmente empesas de servicios públicos municipales, así como a los grandes consumidores industriales.

El proyecto de venta se encuentra en su etapa inicial y aún no ha empezado a realizar ninguna negociación con posibles compradores. A ello se suma que el Ministerio de Economía germano, en el momento de su compra incluyó una cláusula de 10 años de duración por la que el Gobierno alemán tenía potestad de poner objeciones a la venta de partes de Ruhrgas. En su momento, además esta operación no contó con el visto bueno de las autoridades de Competencia.

Todo apunta, según los analistas de la entidad Unicredit, que la rusa Gazprom sería el «candidato obvio», ante sus planes de expansión hacia Europa, mientras desde el Gobierno manifiestan su deseo que la operación «esté en consonancia con la aprobación ministerial.