Las doce de la noche de este 31 de enero los británicos dirán «good bye» a la Unión Europea, un adiós deseado por más del 50% de la población desde los más de tres años y medio transcurridos desde que así lo dejaron reflejado en el referéndum. Más de 38 meses de tensiones, internas y externas, que se ha llevado por delante dos ‘premiers’, David Cameron, primero, y Theresa May, después.

Por delante queda aún un año en que las negociaciones a todas las bandas deberán completar el periodo de transición durante el cual aún podremos visitar las tierras británicas sin llevar pasaporte. Excepto que Reino Unido no estará en las instituciones de la Unión Europea y, por tanto, no participará de sus decisiones, queda casi todo por decidir: las relaciones fiscales, laborales, empresariales, comerciales…

¡Para este viaje los británicos no hubieran necesitado tantas albardas! Porque desde el 1 de enero de 1973 en que Reino Unido se adherió oficialmente a la UE no había dejado de dar quebraderos de cabeza en defensa de su soberanía, que para eso los hijos de la Gran Bretaña siempre han sido muy suyos, como lo demostró el hecho de que en 2002 no cambió su amada libra esterlina por el euro como hizo el resto de sus entonces 18 socios. En el momento que dijo que se iba y hasta ahora, los 27 socios siguen con el euro.

Siempre que hay un divorcio todos salen perdiendo. Y el que nos ocupa ahora no va a ser la excepción, pese a que los analistas auguran que los peor parados serán los británicos. Pero todavía quedan muchas letras pequeñas y grandotas por escribir. Únicamente ha quedado aclarada la llamada «salvaguarda irlandesa», ya que la frontera entre Reino Unido e Irlanda, sobre las que Boris Johnson y sus diputados conservadores tendrán soberanía para decidir qué se hace, sin que intervenga la UE.

En concreto, el acuerdo entre UE y Reino Unido se zanjó con la posibilidad de que en caso de existencia de un control aduanero y fronterizo, sería gestionado por Reino Unido, quien se encargaría de aplicar las condiciones aduaneras y arancelarias entre las irlandas, llevándose a cabo los controles en el punto de acceso británico y no en la República de Irlanda. De esta forma, se acordó que la región norirlandesa quedase incluida en el Mercado Único de Europa, pero formando parte del sistema aduanero británico. El control aduanero se situará en Irlanda del Norte y los aranceles se aplicarán en función del destino del producto (nacional o comunitario).

Pero lejos de pasaportes y aduanas, a los ciudadanos europeos lo que nos preocupa es en qué situación van a quedar, por ejemplo, los europeos que residan en el Reino Unido y los británicos que viven en países europeos, además de las empresas.

En 2020 no van a cambiar las cosas de forma radical. Esto es, cualquier persona mantendrá sus derechos adquiridos y no variará nada su situación laboral, social o académica. El problema es a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que está previsto que entren en vigor las nuevas directrices, la mayoría de las cuales aún no se han negociado. Esperemos que no tarden tanto los negociadores como el tiempo que les ha llevado acordar una salida pactada, porque los tiempos que se han fijado son muy cortos: las negociaciones empezarán en marzo y el 30 de junio está previsto que acaba el plazo para decidir si se debe extender el periodo de transción.

Entre las negociaciones pendientes queda por despejar la libre circulación de los ciudadanos, fijando los nuevos términos de relación que deberán regir en el futuro. Lo que ya se conoce es que los residentes europeos en Reino Unido deberán estar registrados antes de que comience 2021 para obtener el «estatus de asentado o preasentado», a fin de contar con las garantías necesarias para poder seguir viviendo en Gran Bretaña con los mismos derechos que un ciudadano británico.

Para apuntarse se han habilitado puntos en los que se darán los «ID document check». Las autoridades británicas escanearán el pasaporte, y se les deberá dar una fotografía para confirmar la identidad, el número de la Seguridad Social y algunos datos básicos. Más de tres millones y medio de personas ya han completado este proceso, que se recomienda llevar a cabo antes de que termine 2020, pero que tiene fecha límite oficial el 30 de junio de 2021.

Para la entrada y salida del país, de aquí a final de año no cambia nada; se podrán seguir utilizando tanto el documento nacional de identidad como el pasaporte sin necesidad de pedir ningún permiso especial. En el caso de los turistas, solo podrán utilizar el DNI durante el presente año, pero para aquellos ciudadanos europeos a los que se les haya concedido alguno de los dos tipos de estatus de asentado el plazo se amplía hasta que termine 2025. A partir de ahí, podrán hacerlo con el pasaporte, siempre y cuando presenten su documento físico o digital que acredite dicho estatus. En el caso de los visitantes temporales seguramente tengan que pedir un visado para poder cruzar la frontera británica a partir del año que viene.

Por lo que se refiere al problema laboral, aún está pendiente de negociar. Las dudas se centran en que se alcance un acuerdo antes de que expire el plazo. En el Reino Unido saben que su mercado laboral depende muy mucho de la mano de obra extranjera. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud ya tenía un problema de escasez de mano de obra antes de la consulta de 2016, y se ha visto agravado tras la renuncia de más de 10.000 empleados europeos que decidieron irse del país tras el referéndum.

En cuanto al aspecto académico, no cambia nada en principio. Los estudiantes europeos mantendrán sus becas para estudiar en Reino Unido, pase lo que pase durante las negociaciones. Pero a partir del año que viene, la situación del programa Erasmus queda en el aire y está por definir si los estudiantes europeos mantendrán sus privilegios de matrícula frente al resto de otras partes del mundo.

De momento, el inglés se mantiene como una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pese a que a partir de la noche del 31 de enero de 2020 decimos «Good bye, United Kingdom».