La confederación empresarial CEOE ha criticado hoy la “profusión normativa” que en España, en 2019, se tradujo en más de un millón de páginas sobre regulación recogidas tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en los correspondientes boletines de las comunidades autónomas.

En cuanto a legislación estatal, el año pasado se promulgaron unas 650 normas en el BOE; lo que supone un aumento del 10% en comparación con el año anterior, a pesar del ciclo de inestabilidad política que, durante los últimos cuatro años, ha derivado en la producción de menos normas.

En todo caso, según los empresarios, los últimos datos evidencia una tendencia al crecimiento en la producción de normas que, afirman, lastra la competitividad de las empresas y el empleo, destacan.

En 2019, el Boletín Oficial del Estado publicó 649 normas estatales de las cuales solo un 4% tiene rango de ley, esto es, ley orgánica, ley ordinaria, real decreto ley y real decreto legislativo.

Abuso del real decreto ley

La confederación empresarial también ha criticado la abundancia de reales decreto ley, normativa que, aunque requiere de la convalidación de las Cortes, está reservada a casos de extraordinaria y urgente necesidad, según recoge la Constitución.

Según los patronos, el recurso a la figura del real decreto ley genera “inconvenientes” cuando “se percibe que está siendo utilizado de manera abusiva”, ya que constituye un atajo que se salta los cauces de “consulta y elaboración de normas más adecuados”, enfatizan.

Crece un 4% la normativa autonómica

En conjunto el año pasado se publicaron en España casi 1 millón y 40.000 páginas de normativa, incluyendo tanto el BOE como los boletines autonómicos. Solo estos últimos generaron unas 825.000 páginas, el 4,2% más que un año atrás. Por su parte, el BOE cobijó unas 215.000 páginas, el 3,4% más.

Según la patronal, esta avalancha de producción normativa supone una enorme dificultad para los empresarios, que deben estar al día de la legislación.

Por su parte, en la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados rozó los 2.000, entre las de 800 reglamentos, el medio centenar de directivas y las más de 1.100 decisiones; casi un 5% en su conjunto que en 2018.

En total, la Unión Europea acumula unas 55.000 normas vigentes al cierre de 2019.

“España posee un entramado normativo complejo, inherente a un sistema de gobernanza multinivel”, finalizan los patronos, “que provoca que en el territorio español se apliquen normas europeas, estatales, autónomas y locales, además de los acuerdos internacionales”. “En esta tesitura, es fundamental velar por que la legislación vigente se componga de normas claras y simples y en un número reducido”, subrayan, tras reclamar “buenas prácticas reguladoras”, como algo imprescindible para fomentar crecimiento económico y el desarrollo empresarial”.

“La producción normativa no puede ser injustificada, desproporcionada o discriminatoria”, concluyen.