Resulta sorprendente que haya sorprendido, valga aquí la redundancia, el discurso del Rey Felipe VI en la inauguración de la XIV Legislatura en el Congreso. Un discurso en el que repitió prácticamente los mensajes que viene reiterando en todos sus discursos desde que fuera proclamado Rey por las Cortes Generales, en junio de 2014, y los que las apelaciones a la concordia, generosidad, responsabilidad, diálogo, lealtad institucional, refrendo de la unidad de España en su diversidad y defensa de la Constitución como garante de nuestras libertades y del Estado de Derecho. Mensajes todos ellos que pueden resumirse en uno solo y hoy más que nunca necesario: recuperar el espíritu de la Transición.

El problema y lo que realmente debería sorprender si no estuviéramos en una sociedad anestesiada, no es el discurso del Rey, sino que quienes tienen la obligación de defender esos valores como representantes de la soberanía popular, ni le hagan caso ni respeten los principios que han jurado o prometido defender, “por su conciencia y honor”, aunque estos conceptos muchos de ellos ni demuestran ni parecen conocer.

Un discurso el del Rey que fue especialmente claro en su apelación a una España “de todos y para todos y no de unos contra otros” y cristalino en su confianza en las instituciones y en la sociedad civil de este país, por encima de una clase política, a la que no se refirió directamente per en que es palpable su mediocridad y el desprestigio del que goza entre unos ciudadanos, cada vez más consciente de que quienes debieran representarles sólo se ocupan y preocupan de sus ambiciones personales y sus intereses partidistas.

Lo que sí resulta también sorprendente y al mismo tiempo preocupante ese llamado manifiesto de los cinco partidos independentistas y que no es más que una soflama rufianesca plagada de demagogia y falsedades. Empezando por atribuirse la representación de unas comunidades en las que la mayoría de sus ciudadanos -ahí están las encuestas y los resultados electorales- ni comparten ni comulgan con sus propuestas ni con sus aspiraciones. Y culminando su sarta de patrañas y calumnias atribuyendo al franquismo el origen de una institución milenaria, que fue refrendada por la Constitución, respaldada por la inmensa mayoría de los españoles, y que ha sido y es garante de la democracia, la libertad y la igualdad de todos los pueblos de España. Porque eso es lo que atacan y lo que odian los firmantes de ese manifiesto, no a la persona del Rey o a la Corona, sino al Estado, personificado en la figura del Monarca.

Tan sorprendente y grave como es el silencio del Gobierno ante los incongruentes y falaces insultos de los independentistas al Monarca, así como sus oídos sordos a la defensa y el respeto de la legalidad constitucional, amenazada por las negociaciones y la entrega del jefe del Gobierno a unos socios cuyo único objetivo es destruir la nación que él pretende gobernar. Claro que tras el episodio de freno y marcha atrás protagonizado por el Ejecutivo en el aplazamiento inicial de la mesa de negociación con Cataluña y su rectificación inmediata tras personarse el portavoz de ERC en La Moncloa, cada vez parece más evidente esa percepción que se está generalizando en la opinión pública, y también entre la publicada, de que en este país quienes mandan de verdad son Junqueras y Rufián.