Lo elemental, querido Watson, es que el Parlamento convalide la subida de las pensiones de acuerdo con el aumento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) y que eleve el salario de los empleados públicos en consonancia con el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Es lo que ha ocurrido el martes, 4 del corriente, con un mes de retraso. El pleno del Congreso convalidó los decretos de subida de las pensiones un 0,9% y del sueldo de los funcionarios un 2%. Las medidas afectan a once millones de pensionistas y a dos millones y medio de empleados del sector público.

Puesto que  esas decisiones nada tienen de extraordinario, no hay razón para ponerse tan estupendos como algunos ministros perfectamente desconocidos y sus palmeros del PSOE-UP. Y si vamos al caso, tampoco es nada del otro mundo que el salario mínimo interprofesional alcance los 950 euros mensuales. Tan abultada cantidad por ocho horas diarias de trabajo ni siquiera alcanza para pagar la letra ni el alquiler de una modesta vivienda y los gastos de luz, agua y calefacción en la periferia de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Si añadimos transporte y teléfono (el periódico ya no se compra), averigüen sus señorías del Tribunal de Cuentas del Reino lo que nos queda para comprar un libro y juzguen sus señorías del Supremo si podemos llevar a los niños a ver la Patrulla Canina. Puede que algunos puñeteros hasta se averguencen de sí mismos.

Lo anormal sería que los jubilados y discapacitados siguieran sometidos al índice dizque de “sostenibilidad” que se inventó la derecha para machacarlos y que los empleados públicos siguieran con los sueldos por los suelos y trabajando el doble por las plazas sin cubrir. Por cierto que los recortes de plantillas siguen incidiendo en la sanidad , la enseñanza y en otros servicios públicos básicos, a mayor beneficio del gran capital especulativo, con todas las regulaciones y fiscalidades (llámese Sicav o de otro modo en Luxemburgo) a favor.

Cuando unos ministros y unos diputados progresistas se felicitan e incluso emplean el término “dignidad” para explicar unas decisiones normales (los voxiles de ultraderecha no las apoyaron), algo raro pasa. O ha pasado. Y puede volver a ocurrir. ¿De qué se trata? La corrupción objetiva del sistema ha permitido que se detraiga de los salarios y pensiones una parte de la riqueza contable y contabilizada de este país para satisfacer la rentabilidad exigida por el gran capital especulativo. Se ha producido un reparto a la inversa: todo o casi todo para unos pocos. Le calcaron el nombre de “crisis” y jodieron a los jóvenes, los viejos y a los del mediano pasar.

Lo elemental sería, querido Watson, que quienes colocaron la Constitución de alfombra del gran capital especulativo, esos señores que nos llamaban “pigs” (cerdos en inglés), la elevaran de una vez por todas para que, como esas gualdrapas del frontispicio del Congreso en las solemnes ocasiones, diera cobertura de una vez por todas a los derechos sociales como parte inseparable de los derechos humanos. Tamaña garantía será difícil de conseguir. Aunque figure en los programas electorales, con solo ver cómo presentan una sopa de fideos cual manjar del chef Arzak es suficiente para saber que nada debemos esperar. O dicho de otro modo: que los mercados mandan y los gobiernos obedecen. Con que se mantuvieran atentos a los desequilibrios y combatieran los abusos ya nos daríamos con un canto en los dientes.