El Gobierno elimina vía decreto-ley una medida anticorrupción relativa a la contratación pública

05/02/2020

diarioabierto.es. Lo denuncia Civio, fundación ciudadana que investiga a los poderes públicos.

“Miles de contratos públicos incumplen la ley para poder ser adjudicados a dedo”, denunciaba el 22 de enero la fundación independiente de investigación periodística Civio, en su mapa de la contratación de obra pública en España Quién cobra la obra. Presentaban así una investigación que analiza de forma íntegra, y en detalle, todos los contratos menores publicados en el BOE entre enero y julio de 2019. Algunos ejemplos:

  • La renovación de la cocina de la Base Aérea de Zaragoza en 2018
  • Las novilladas que contrató ese mismo año el Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja)
  • La campaña de publicidad institucional Aragón 2019 con la que la presidencia de Aragón regó de dinero a los medios de comunicación
  • La compra casi cotidiana de 14.999 euros en harina para cárceles españolas

¿Qué tienen en común estos contratos? Así lo explica Civio: «Todos fueron fraccionados -troceados a cachitos- para poder ser adjudicados a empresas sin concurso público y sin apenas publicidad ni controles. Y eso, además de ilegal, es una de las formas más habituales de corrupción en nuestro país. En datos, que es lo nuestro: solo de enero a julio de este último año, esto es, en solo siete meses, más de 6.500 contratos menores incumplieron el texto literal de la Ley de Contratos, que no permite que una administración pública sume varios contratos menores a una misma empresa que superen, agregados, los límites establecidos. Algunos organismos creen que ese control anticorrupción se tiene que aplicar de forma más ligera, pero incluso así, con criterios menos exigentes, descubrimos que muchísimas administraciones públicas tiran de troceos de forma sistemática».

El 29 de enero, Civio lanzaba otra información, tras analizar los datos del Portal de Contratos del Sector Público, esta vez referido a contratos al borde del límite legal: «Casi el 10% de las adjudicaciones de suministros y servicios se amontonan entre 14.900 y 14.999,99 euros, el límite legal».  El 4 de febrero, la codirectora de Civio, Eva Belmonte, informaba: “Nuestros datos sobre contratos menores sospechosos ya están a disposición de las entidades anticorrupción. Queremos que la primera investigación a fondo sobre todos los contratos menores de todo el país y de todo tipo de administraciones públicas vaya más allá. Por eso, hemos enviado a una veintena de organismos de control de la contratación pública y de lucha anticorrupción de todos los niveles nuestros datos, y una guía con el listado de archivos que explica a qué corresponde cada uno y las principales cuestiones a tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos”.

Y añadía Belmonte: “Nuestro objetivo es que los crucen con sus análisis y puedan informar, atajar mejor el problema, mejorar su labor de control e incluso sancionar a los responsables. Sabemos que los recursos públicos para luchar contra la corrupción o la mala gestión nunca son suficientes, y por eso queremos poner todo nuestro trabajo a su disposición. Queremos ayudar a que, por ejemplo, en lugar de revisar los cientos de miles de contratos menores que se firman cada año, se fijen en aquellos contratos que son sospechosos, que son los que hemos empaquetado para ellos». Para entender el alcance del problema, unas viñetas del dibujante Mauro Entrialgo:

Pero llega el 5 de febrero, y Eva Belmonte tuitea: «Hace solo dos semanas desvelamos que miles de adjudicaciones incumplían los nuevos controles para evitar fraccionamientos en los contratos menores.  Ante este problema, ¿qué ha hecho el Gobierno? Eliminar esos controles». Y Civio lanza este comunicado al respecto: El Gobierno aprovecha una transposición de directivas europeas para eliminar una medida anticorrupción en los contratos menores”. Eva Belmonte lo deja claro: “Aprovechando una norma aprobada de urgencia para evitar multas europeas, el Gobierno ha suprimido un control destinado a evitar fraccionamientos de contratos y que entró en vigor hace menos de dos años. Precisamente, las investigaciones que hemos publicado en las últimas semanas revelaban que el control que hoy ha sido eliminado, que impedía firmar con un mismo empresario varios contratos menores que superen los umbrales máximos y evitar fraccionamientos, estaba siendo incumplido sistemáticamente por las administraciones públicas en miles de contratos. Pero, en lugar de clarificar su redacción para que fuera más eficaz, lo que ha hecho el Gobierno es eliminar esa medida de control”.

Y añade Belmonte que no es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta eliminar esta medida de control: “Su proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya incluía la supresión de este veto, pero no fue aprobado. Ahora, vía decreto-ley, y aprovechando la transposición de directivas europeas, que se trata de una medida urgente, sí ha logrado suprimirlo. Eso sí, con la boca pequeña: la decisión de eliminar este control no fue anunciada ayer en las referencias del Consejo de Ministros”.

Cabe destacar que el trabajo del equipo multidisciplinar de Civio forma parte del proyecto RECORD, cuyo objetivo es detectar posibles alertas anticorrupción para poner la tecnología y el conocimiento especializado al servicio de la vigilancia de la contratación pública.

Más información
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