Estas son algunas de las conclusiones del informe “La Universidad Española en Cifras. Año 2017, curso 2017/2018, elaborado por Crue Universidades Españolas, que en su duodécima edición ha sido  presentado este miércoles en Fundación Ramón Areces de Madrid. El informe,  dirigido por Juan Hernández Armenteros  (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez  (Universidad Politécnica de Valencia), se basa en más de un millón de datos, facilitados por 48 universidades públicas y 19 privadas y cuenta con el respaldo de Banco Santander a través de Santander Universidades.

En la mesa presidencial, acompañando al presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, han estado el presidente de Crue-Gerencias y rector de la Universidade de A Coruña, Julio Abalde, y el director de Impacto Social de Santander Universidades, Javier López.

El vicepresidente adjunto de Crue Juan Julià, encargado de presentar este documento, basado en más de un millón de datos, recogidos en más de 200 cuadros, con el fin de aportar una radiografía del Sistema Universitario Español (SUE),  ha vertebrado su exposición en torno a los siete temas en los que se divide el informe: Tamaño del SUE, igualdad de oportunidades para el acceso a la educación universitaria, rendimiento académico, crisis de los estudios STEM, empleabilidad de los universitarios, calidad de la investigación y posición en los ránquines internacionales y contribución de la Universidad a la mejora de la competitividad y la innovación.

El estudio aborda cuestiones nucleares sobre el SUE, con el objetivo de aportar evidencias sobre la naturaleza de los problemas estructurales y coyunturales que le afectan. Además, se añade un capítulo final donde se recogen sintetizadas las condiciones financieras, productivas y organizativas en las que las universidades españolas han debido desarrollar su desempeño.

Entre otras conclusiones, el  informe advierte de que el porcentaje de alumnos matriculados en estudios universitarios ha crecido un cinco por ciento y que, en relación con la demanda,  en la última década, la inclinación de los jóvenes  hacia los estudios universitarios ha subido 8,2 puntos, mientras que la población en edad de acceder al SUE ha decrecido en un 22 por ciento.

Asimismo, el porcentaje de alumnos matriculados en las universidades españolas nos sitúa en la media de la UE-23 y de la OCDE y, en relación con los países líderes en el ámbito de la educación superior (Estados Unidos y Reino Unido),  el desequilibrio aumenta. De acuerdo con el informe, la presencia de una universidad pública por cada 24.000 estudiantes, facilita el acceso a la Educación Superior porque implica que cualquier joven español tiene una universidad a no más de 50 kilómetros de su hogar.

Todo esto conduce a que España mantenga unas tasas de matrículas universitarias elevadas dentro del ámbito europeo, pero un insuficiente y excluyente sistema de becas y ayudas al estudio. El requisito académico deja fuera de las ayudas a más de 45.000 alumnos que cumplen las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario y las ayudas anuales para los estudiantes de menor renta –en el entorno de los 2.600 euros– suponen una cantidad claramente insuficiente.

En cuanto al rendimiento académico, el estudio resalta que el conjunto del SUE muestra unos resultados en su rendimiento académico y tasas de abandono que resultan equiparables e incluso mejores que el resto de países desarrollados; sólo por detrás de Reino Unido, Irlanda, Israel, Japón y Corea del Sur. Además insiste en que desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en 2009, las tasas de rendimiento académico han experimentado una gran mejora: del 22% para las universidades públicas y del 5% para las privadas.

Con todo, la demanda de matrícula en el ámbito de las STEM (áreas relacionadas con Ciencia, Tecnología,  Ingeniería y Arquitectura y Matemáticas) se sitúa cinco puntos porcentuales por debajo de la media de la UE y muy lejos de países altamente competitivos como Reino Unido o Alemania. La caída es superior al 15%  y destaca la que sufren Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial.

Precisamente, son las STEM las carreras que registrar mayores tasas de abandono, en algunos casos superiores el 49%.

El estudio aborda también al desequilibrio entre la cualificación profesional y el empleo al que pueden acceder los titulados universitarios, ya que con demasiada frecuencia se produce una llamativa sobrecualificación y unas condiciones laborales precarias.

Para mejorar la empleabilidad de los egresados, los rectores proponen limitar la oferta de titulaciones y plazas en las enseñanzas que tengan una baja inserción laboral o que esta sea de baja calidad, con el objetivo de que los titulados logren una mejor empleabilidad y puedan realizarse profesionalmente. Esta medida debe ir acompañada de una mejor orientación e información a los estudiantes sobre las posibilidades de empleo de los estudios que pretendan cursar.

No obstante, y según señaló el presidente de Crue,  la universidad española no ha sido ni es una fábrica de parados. Durante la crisis y la reciente recuperación económica, ha sido el principal vector de creación de empleo, con 1.135.000 puestos con requisitos de formación superior creados, el 56% del total. En España, los trabajadores con Educación Superior tienen una tasa de desempleo un 39% inferior a la de aquellos que solo tienen Educación Secundaria posobligatoria.

En el campo de la investigación, los datos reflejan que las universidades realizaron en 2017 el 82% de la producción científica española y las publicaciones en revistas del primer nivel crecieron hasta alcanzar el 52,5%. Estos avances se han llevado a cabo pese a que España ha reducido el gasto en I+D hasta casi la mitad del de la Unión Europea y la OCDE. Pero todo tiene un límite y resulta muy complicado mantener esa progresión cuando la financiación de la I+D se mantenía en 2017 un 22 por ciento por debajo de la que teníamos en 2009.

En su discurso, Gómez Villamados realizó una evaluación de los principales aspectos que analiza el informe, que describió como «un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad» y ha subrayado que esta nueva edición «acentúa aún más esta voluntad».

Además de analizar las mejoras y retos del SUE, el también rector de la Universidad de Córdoba advirtió de que para aspirar a una economía basada en el conocimiento son necesarios una serie de cambios en la Universidad, que pasan por la aprobación de una nueva Ley de Universidades. En este sentido, enfatizó en que la misión de la Universidad «se está convirtiendo en una tarea imposible» con un marco regulatorio « rígido» y un nivel de autonomía «bajo».

Gómez Villamandos reclamó una financiación que garantice los «niveles de suficiencia que requiere un sistema de calidad internacional homologable»; una política de I+D «con ambición de país competitivo», acompañada de una «verdadera apuesta» de las empresas por la innovación, o una normativa más flexible para captar y retener talento.

Por su parte, el presidente de Crue-Gerencias, Julio Abalde, destacó dos aspectos «relevantes» de la gestión universitaria de esta última década. Por un lado, dijo que las universidades «no han supuesto ningún problema para la evolución de la economía española, sino al contrario», y subreyó que han facilitado, con la aportación de los egresados necesarios, la creación de más de 1,1 millones de puestos de trabajo, mientras reducían el desempleo de los universitarios en más de medio millón.

Abalde también recordó que el sector público universitario «no ha generado déficit público en ninguno de los años de la crisis ni de la recuperación», pues, según sus palabras, su desempeño económico a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad ha sido «mayor y mejor» que otros sectores de las administraciones públicas. Por ello, aseguró que esta «capacidad de gobernanza económica», desarrollada en un contexto de reducción de ingresos globales de más del 14% y una enorme rigidez de los costes, «también debería formar parte de la evaluación de nuestro sistema de gobierno». El director de Impacto Social de Santander Universidades, Javier López, elogió el trabajo desarrollado y manifestó que «la universidad española contribuye positivamente al desarrollo de la sociedad». «Las empresas, como el Santander, saben bien que su competitividad y rentabilidad depende de la ciencia, de la investigación y de la mejora integral del capital humano de nuestros profesionales», concluyó.