La situación ha afectado a 110.000 personas que reciben 420 euros.
La angustia que han sufrido en agosto muchos de los perceptores de la renta mínima de inserción en Cataluña ha sido el detonante para que la Diputación Permanente del Parlamento catalán, órgano que mantiene la actividad parlamentaria, convoque una reunión entre el 24 y 26 de agosto a petición de PSC, ERC e IC. Los consejeros Josep Lluis Cleries y Francesc Xavier Mena, de Bienestar Social y Empresa y Ocupación, respectivamente, deberán explicar por qué en pleno verano decidieron prescindir del sistema de pago habitual por ingreso en cuenta bancaria y sustituirlo en pleno mes de agosto por el envío por correo de un cheque nominal. La Diputación Permanente sólo se reúne en casos excepcionales, como en el gran apagón que sufrió Barcelona en 2007 y por el incendio de Horta de Sant Joan donde murieron cinco bomberos de la Generalitat.
CiU no se ha opuesto a la convocatoria urgente e inmediata de la Diputación Permanente para que sus consejeros den explicaciones sobre «el desbarajuste y las injusticias ocasionadas» por el cambio en el mecanismo de percepción de los 420 euros con los que sobreviven 110.000 personas en Cataluña. Un cambio de sistema que ha provocado largas colas en los servicios de bienestar social de la Generalitat desde principios de mes, ya que los perceptores de la renta mínima de inserción no la han visto abonada en sus cuentas corrientes ni tampoco recibieron ningún cheque por ese importe. La decisión, en agosto y sin avisar, ha provocado un monumental caos que ha saturado las sedes de los servicios sociales y ha obligado a los Ayuntamientos catalanes y a las ONG a redoblar sus esfuerzos para ayudar a los más necesitados.
«Es una situación de emergencia social, se merece la convocatoria de una Diputación Permanente», han coincidido en exigir las tres diputadas que han formalizado hoy la petición urgente de la reunión. «Que den una explicación clara y no ofendan más», señalan, ya que los cambios en la percepción de la ayuda han generado angustia entre sus perceptores. La oposición cree que la reforma del sistema de abono de la RMI «se encarniza con los más débiles», y exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que cumpla la ley en el sentido de que la gente tiene el derecho de cobrar esta renta cada mes.
El presidente Artur Mas ha declarado que los cambios realizados en el pago de la RMI tienen por objeto combatir el fraude, a lo que la oposición alega que existen otras maneras distintas a las que «han provocado que muchas personas no pudiesen pagar sus habitaciones o manutención» en pleno mes de agosto. Rafael Ribó, Síndic de Greuges, variante catalana del Defensor del Pueblo, ha exigido por carta a los consejeros que rectifiquen y que el sistema de pago de las ayudas vuelva a ser el abono en cuenta, mientras se acelera el pago de quienes aún no hayan recibido su cheque.
Los responsables de gestionar la renta mínima de inserción son los consejeros Mena y Cleries. Se trata de una ayuda para que los más necesitados se inserten en la sociedad y el mercado laboral. Hasta ahora, los dos consejeros habían tratado de zanjar la crisis por teléfono desde los lugares donde veranean, delegando en el secretario general de Empleo, Enric Colet, la gestión del desaguisado creado. Ahora se verán forzados a interrumpir su descanso para dar explicaciones.
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