El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha aceptado la propuesta de constituir la mesa de diálogo sobre el «conflicto político» este mismo mes de febrero.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat al término de la entrevista entre ambos, Sánchez se ha ofrecido a encabezar la delegación del Gobierno español en la primera reunión constitutiva de la mesa, pero no ha querido avanzar quiénes la integrarán.

Sánchez ha rechazado de modo rotundo incorporar la figura polémica del mediador a esa mesa de negociación, como plantea Junts per Catalunya, al no considerarlo necesario, puesto que el Gobierno español participará con voluntad de establecer un «diálogo franco y transparente» y se compromete a dar a conocer a la ciudadanía los acuerdos que alcancen.

Más propuestas

Sánchez ha propuesto a Torra estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit «más transitable», que se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el viernes 7 de febrero ; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia, respetando siempre la independencia y las resoluciones del Poder Judicial; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana, e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

El Gobierno habla de 1.500 millones en el aeropuerto de El Prat, en la nueva ciudad aeroportuaria y avanzar en iniciativas como el Corredor Mediterráneo, las estaciones de Sants y La Sagrera y el Plan de Rodalíes, con partidas específicas en los Presupuestos de 2020. También se compromete a impulsar las infraestructuras portuarias con nuevos accesos viario y ferroviarios al puerto de Barcelona y el desarrollo de políticas de vivienda.

Así figura en el documento para una «agenda de reencuentro» que Sánchez ha entregado a Torra en el curso de la reunión  en el Palau de la Generalitat.

Sánchez plantea «evitar la judicialización de la política» pero precisa que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse «en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».

Recuerda el compromiso del Gobierno de coalición en materia de memoria histórica, y en particular para «anular las condenas y sanciones» a las víctimas de la dictadura, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

El nuevo sistema de financiación autonómica debe contar con la participación de todos los territorios y garantizar la lealtad y solidaridad entre los mismos, a la vez que una «justa distribución de los recursos públicos».

Las delegaciones de la Generalitat en el exterior deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado.

El Gobierno está dispuesto a hablar de otras cuestiones, como la reforma del sector eléctrico y el apoyo a la industria; la política comercial; derogar el voto rogado para facilitar el voto de los residentes en el exterior;  reformar el sistema de financiación local; colaborar en materia cultural; negociar la Ley del Deporte; negociar el IVA deducible de la Corporación Catalana de Medios y el multiplex de ésta; el apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 y al Mobile World Congress en Barcelona; las tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita y la financiación de los Mossos; la financiación del sistema nacional de salud y el de Dependencia, que considera como un área «prioritaria».

«Autogobierno dentro de la Constitución»

Quim Torra asegura que Pedro Sánchez, «no se ha movido» en relación a la reclamación independentista de ejercer el derecho a la autodeterminación y ha criticado que no le ha trasladado su propuesta para resolver el conflicto político en Cataluña. Frente a la autodeterminación, el Gobierno central apuesta por «el autogobierno dentro de la Constitución».