Elm BBVA desconoce el objeto de las investigaciones encargadas a Cenyt en 2004 para frenar el intento de asalto de Sacyr al banco debido a que su exjefe de seguridad, Julio Corrochano, destruyó toda la documentación relativa a la contratación. Así consta en la grabación de la declaración judicial del representante de BBVA Adolfo Fraguas y que obra en el sumario de la pieza 9 de ‘Tándem’, que investiga los contratos entre Villarejo y el banco.

El responsable de los servicios jurídicos de la unidad de negocio de BBVA en España declaró ante el juez del ‘caso Tándem’ que en la investigación interna que llevó a cabo la entidad no se encontró ningún entregable relativo a contratación de V & V Development, marca de Cenyt vinculada el excomisario José Manuel Villarejo, en diciembre de 2004 ante el temor de que Sacyr tomase el control de BBVA con objeto de desestabilizar el banco, denominado ‘Proyecto Trampa’.

Corrochano «se ocupó de destruir todos los entregables que en su caso hubiera» y que en el seno de la investigación interna iniciada a principios de 2019, el banco no ha conseguido encontrar ninguno.

Toda la información que la entidad posee sobre dicha actuación procede únicamente del cuestionario que Julio Corrochano proporcionó por escrito a raíz de la investigación interna.

Fraguas explica que Corrochano relató que, en el contexto de toma de participación por parte de Sacyr en el accionariado de BBVA, el expresidente Francisco González le encargó la búsqueda de una empresa que pudiera proporcionar servicios de análisis de crisis empresariales, decidiendo el exjefe de seguridad la contratación de Cenyt.

Este encargo por parte del expresidente «podría tener sentido», ha apuntado Fraguas, en la medida en que «una toma de participación podría afectar a González si era hostil», aunque no ha podido confirmar que realmente sea así, al proceder toda la información de que dispone del cuestionario de Corrochano.

En cuanto a los procedimientos de contratación de Cenyt para «proteger» a BBVA de Sacyr, el representante del banco ha señalado que se incumplió el procedimiento en la fase inicial, relativa a la selección y homologación del proveedor, señalando a Corrochano, que «es quien firma el contrato y debería haber cumplido con el procedimiento de compras».

Según ha relatado Fraguas, a continuación tiene lugar una fase en la que una persona verifica que los servicios se han prestado, y finalmente una fase de pago, en el que se comprueba que existe la verificación y que hay capacidad presupuestaria y entonces se autoriza el pago, sin tener que revisar cada hito del proceso anterior.

En el caso del contrato de 2004, la verificación de la prestación del servicio correspondió al entonces director de recursos humanos y servicios del grupo y posteriormente consejero delegado, Ángel Cano, según ha señalado el representante de BBVA, mientras que el entonces jefe contable, Javier Malagón, realizó el pago.

«El señor Cano verifica y el señor Malagón, si el señor Cano le decía que los servicios se habían prestado, no tenía por qué dudar de la palabra de Cano en ese momento. La persona que hace el pago se asegura de que hay alguien que ha comprobado que se ha prestado el servicio y comprueba que hay presupuesto para ello, pero no verifica los hitos previos», ha explicado Fraguas.

El representante de BBVA «supone» que el banco, durante las entrevistas que hizo en el marco de su investigación interna, preguntó a las personas involucradas en el proceso de verificación, pero desconoce el contenido de dichas entrevistas al no haber sido grabadas ni haberse realizado acta alguna, pues su objeto era «recabar documentación de todo lo que podía haber sido la prestación de servicios a Cenyt a lo largo del tiempo».

Fraguas también ha implicado al exdirector de comunicación Javier Ayuso en el proceso. «En cualquier cosa que afecte a lo que es la imagen del banco hacia el exterior y a los medios de comunicación, está involucrado el departamento de Comunicación. Si esa toma de participación de Sacyr hubiera tenido esos efectos, a lo mejor hubiera tenido sentido que hubiera participado Ayuso como responsable de comunicación», argumenta Fraguas, quien ignora si González ordenó una estrategia específica de comunicación para informar a la opinión pública de que lo que realmente ocurría no era lo que «el grupo hostil» difundía a los medios.