El Consejo de Ministros aprobará el 11 de febrero la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, así como el cuadro macroeconómico sobre el que se elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020.

También está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que el año pasado aumentó un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros y que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado como pasos necesarios para la elaboración y presentación de las nuevas cuentas públicas.

La senda de estabilidad presupuestaria actual fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, y fijaba un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021. Las últimas previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez apuntan a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el viernes 7 de febrero  la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.

Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria en 2021.

En el caso de las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) el Gobierno plantea un objetivo de déficit cero para el periodo, si bien los Ayuntamientos ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.

Tanto para las comunidades como para los ayuntamientos Hacienda ha planteado soluciones para compensar por el IVA pendiente de 2017, que asciende a 2.500 millones en el primer caso y que la FEMP cifra en 750 millones en el segundo.

De esta forma, Hacienda no tendrá en cuenta el efecto del IVA de 2017 para contabilizar el déficit público de 2019 y pondrá en marcha un extra FLA, en tanto que para los Ayuntamientos ha flexibilizado en una décima la regla de gasto, hasta el 2,9%, y no se tendrá en cuenta tampoco el impacto del IVA para el cómputo de la norma de gasto. También podrán acogerse a un préstamo extraordinario.

Actualización del cuadro

El Consejo de Ministros  va a actualizar el cuadro macro. El actual augura que la economía española pasará de crecer un 2% en 2019 a un 1,8% este año, con una aportación de 1,6 puntos porcentuales de la demanda nacional y solo dos décimas del saldo exterior. En cuanto al empleo, prevé que la tasa de paro baje al 12,3% en 2020.

Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año.

En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.