El sindicato catalán Unió de Pagesos ha organizado un acto reivindicativo en el peaje de la autopista en La Junquera con el objetivo de informar a los conductores de los vehículos que crucen la frontera de la grave crisis de precios que sufre el sector hortofrutícola en España. Una crisis que alcanzó su máximo momento cuando autoridades alemanas atribuyeron al pepino español la causa de la epidemia de e-coli, pero que se ha agravado después de diversos ataques de grupos de agricultores franceses contra camiones con fruta y verdura española que se dirigían hacia Europa. En la acción de protesta también participarán sindicalistas de la Unión de Agricultores y Ganaderos del País Valenciano y del resto de la Unión Confederal española.

Los agricultores españoles consideran que los grupos de colegas suyos franceses que han boicoteado los camiones de nuestro país “han actuado de manera injusta”, ya que aseguran que también “sufren la misma crisis de precios que los productores de aquí, y que el origen se encuentra en los abusos y precios bajos en origen impuestos por el oligopolio de la gran distribución en la cadena de comercialización”, aseguran en una nota facilitada.

Los sindicalistas del campo catalán, que se habían planteado a finales del mes de agosto bloquear la frontera durante el retorno de los turistas franceses, reiteran la necesidad de una reforma de la Política Agracia Común (PAC), así como una revisión de los mecanismos de la actual organización común del mercado de la fruta y las hortalizas que “garantice una renta mínima a las explotaciones, ya que, como se ha demostrado, no son suficientes para evitar las situaciones de alternaciones de precios”.

Vuelven los indignados

Los indignados tampoco hacen vacaciones. El mismo jueves, el movimiento 15-M de Barcelona y los afectados por los cambios en la percepción de la renta mínima de inserción han convocado, con el apoyo de CC.OO., una manifestación ante el Palau de la Generalitat para reclamar al gobierno catalán que los perceptores de la ayuda de 420 euros mensuales vuelvan a cobrarla mediante abono en cuenta bancaria y no a través del envío por correo de un cheque, sistema que se ha cambiado en pleno verano y sin notificación previa.

CC.OO. acusa al departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de “una absoluta falta de sensibilidad respecto a las personas más vulnerables y más necesitadas de nuestra sociedad”. Según el sindicato, es necesario recordar que uno de cada cinco residentes en España están por debajo de los lindes de la pobreza (el 20,8%) y su proporción va en ascenso. Por tanto, para CC.OO. la RMI es cada vez más necesaria para tener una sociedad cohesionada.

En este contexto, el sindicato considera que es “totalmente irresponsable criminalizar a las personas en paro y a las que no tienen ingresos económicos, las más vulnerables de nuestra sociedad”. Según la Generalitat, el cambio introducido en el abono de la RMI persigue luchar contra el fraude. CCOO critica que mientras el gobierno de CiU presenta esta operación contra el fraude del dinero público, “no se hace nada contra la economía sumergida y el fraude fiscal, que se estima que se acerca al 22,3% del PIB de Cataluña, ni tampoco se ha hecho nada para que las grandes fortunas tributen como el resto de los ciudadanos”.