Esto implica que se han cobrado de forma fraudulenta unos 50 millones de los 200 que integran esta prestación social en Cataluña en 2011.

En una entrevista concedida a Catalunya Informació, el consejero Mena ha revelado que su departamento ha detectado, por ejemplo, que más de la mitad de los 9.000 ciudadanos de origen marroquí que perciben el RMI “no se sabe donde están y han regresado a su país”. Entre los perceptores de esta prestación social de subsistencia, el consejero ha destacado al polémico iman de Lérida.

El descubrimiento del fraude, que Mena cifra en el 25% del total de los perceptores, lo ha posibilitado el cambio en el sistema de pago de esta prestación. Hasta ahora, los 110.000 ciudadanos que se beneficiaban de la RMI la recibían por ingreso en sus cuentas bancarias. El gobierno de la Generalitat ha modificado este procedimiento por el envío por correo de cheques a partir del 1 de agosto.

Los perceptores que no residen en nuestro país no han cobrado los 420 euros, aunque muchos ciudadanos que esperaban el ingreso para sobrevivir se han angustiado al no aparecer en sus cuentas el ingreso o al haberse demorado la llegada del cheque. Esta circunstancia ha colapsado los servicios sociales de muchos ayuntamientos en pleno mes de agosto y ha provocado que los partidos de la oposición convocaran la Diputación Permanente del Parlamento catalán con carácter de urgencia el día 26 de agosto para que los consejeros Mena y el de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, comparezcan para dar explicaciones de lo que califican “una injusticia social”.

El consejero Mena ha acusado al anterior gobierno tripartito de la Generalitat de ser el causante del fraude ahora detectado por su “irresponsabilidad” al asegurar que concedió abiertamente esta prestación de la RMI a todos los ciudadanos que lo solicitaban sin comprobar su situación. La oposición, por su parte, acusa al gobierno de CiU de “insensibilidad” con los más desfavorecidos mientras ha suprimido el impuesto de patrimonio a los que considera que más tienen.

El Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), formado por sindicatos, patronales y expertos, reunido este jueves de urgencia, ha aprobado por unanimidad un dictamen que CCOO considera “muy crítico” con la reforma de los criterios de acceso al pago de la renta mínima de inserción. La reforma fue aprobada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat en el mes de julio y endurece significativamente los criterios para acceder a esta prestación.

El CTESC pide al gobierno catalán en su dictamen que retire la modificación y no apruebe por decreto la reforma que dificulte el acceso a esta renta mínima “a muchas personas que se han quedado sin empleo y no reciben ninguna otra prestación económica”. Según una nota del sindicato, lo que ha impulsado a la Generalitat a modificar el sistema de la RMI es que “la crisis económica está haciendo aumentar significativamente el número de personas que tienen derecho a percibir esta ayuda establecida para evitar la exclusión social”. Efe cifra en unos 200 millones de euros el presupuesto de 2011 destinado a esta prestación.