El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, concluye esta semana sus contactos con los autónomos, sindicatos y empresarios antes de presentar el próximo miércoles sus planes para la reforma del sistema público de pensiones. Una reforma que, según sus recomendaciones en 2019, pasa por atajar las jubilaciones anticipadas, eliminar gastos impropios de la Seguridad Social y rebajar las cotizaciones por desempleo en favor del sistema de pensiones.

La comparecencia de Escrivá el próximo miércoles se produce después de que la semana pasada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, descartara el desarrollo en España de la llamada ‘mochila austriaca’. Según Díaz, este fondo de capitalización que permite al trabajador engrosar su pensión con lo cotizado a lo largo de la vida laboral como protección frente al despido, no entra dentro de los planes del Ejecutivo de coalición de Sánchez e Iglesias.

Otros asuntos, como la posible transferencia de la gestión de las pensiones al País Vasco, o quién se quedará con ciertas competencias del antiguo ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también gravitan sobre la primera comparecencia de Escrivá como ministro ante la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

Existen sin embargo pistas sobre los planes de Escrivá para enjugar el déficit de la Seguridad Social, que según sus cálculos asciende a unos 15.000 millones de euros anuales, en términos estructurales.

Según sus recomendaciones del año pasado como presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), la salvación del sistema público de pensiones español pasan por aumentar el período que se toma en cuenta para calcular la pensión, desde los 20 años actuales – que aumentarán hasta 25 años en 2022 –, hasta una cifra de años aún indeterminada, pero que, en caso de fijarse en toda la vida laboral, suele rechazarse por los sindicatos por constituir en términos generales una rebaja de la pensión.

Trabas a la jubilación temprana

También pretende Escrivá, a juzgar por sus pasadas recomendaciones, dificultar la jubilación anticipada, de tal modo que la edad de jubilación real – hoy en unos 62 años y medio – se aproxime a los 64,3 años que muestran de media los países que componen la OCDE.

Además, el hoy ministro abogaba, como presidente de la Airef, por trasladar algunos gastos que ahora realiza la Seguridad Social a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Concretamente, pedía que las cotizaciones de trabajadores y empresarios dejen de financiar el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social. Y que que este y otros gastos del instituto se paguen con cargo a los Presupuestos, como en otros casos; lo que ahorraría unos 4.000 millones de euros anuales.

Otra modificación sería bajar las cotizaciones por desempleo, y elevar en la misma proporción las destinadas al pago de pensiones, las llamadas por contingencias comunes. Esto es, trasladar algunos fondos del seguro de paro – excedentario salvo en las crisis – al pago de pensiones.

Escrivá, que asumía que las pensiones seguirán ligadas al IPC, tuvo en cuenta para sus cálculos que llegarán a España unos 270.000 inmigrantes cada año hasta 2050. Y que la esperanza de vida crecerá hasta los 87 años.

El ministro de Seguridad Social se ha reunido hoy con el presidente de la principal federación de autónomos, ATA, después de recibir a los líderes de las organizaciones sindicales y patronales.

Por su parte, la comisión del Pacto de Toledo, encargada de vigilar la marcha del sistema público de pensiones, echó a andar la pasada semana, tras su constitución; y después de que el año pasado la comisión rozara un acuerdo con un conjunto de recomendaciones para emprender una nueva reforma de pensiones.