Ruge, la sección juvenil del sindicato UGT, cifra en 1,6 millones los salarios impagados a los “falsos becarios” de la universidad Carlos III de Madrid. La reclamación del sindicato se enmarca dentro del proceso judicial abierto tras la actuación de la Inspección de Trabajo, que acusa al centro de emplear irregularmente a 570 becarios.

El sindicato reclamará los salarios dejados de percibir por los becarios que, dentro de sus prácticas extracurriculares, realizaban funciones que se corresponden en realidad con una relación laboral entre los alumnos y el centro.

Según UGT, la Inspección de Trabajo dio de alta de oficio a estos trabajadores en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena al considerar que “no eran personas becarias sino trabajadoras”.

Los inspectores comprobaron que las personas en prácticas cumplían todos los principios de laboralidad recogidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, continúan desde el sindicato.

La organización sindical calcula que los salarios dejados de percibir por estos alumnos ascienden a 1,6 millones de euros al año.

La universidad ha contratado al despacho Sagardoy Abogados para defenderse en este proceso iniciado tras una docena de denuncias procedentes de los becarios, según fuentes consultadas por El Confidencial Digital, que cifra en unos 326 euros la retribución mensual que percibían estos becarios destinados en diversos departamentos.

En el momento de la inspección trabajaban en la universidad en torno a 200 becarios, afirman en las mismas fuentes, que aseguran que la Universidad, tras recibir la denuncia, ha rescindido el contrato de todos ellos.

Por su parte, UGT anima a todas las becarios que realizaron prácticas extracurriculares durante 2019 a sumarse a la reclamación salarial que llevará a cabo el sindicato, que ya ha iniciado una campaña de asambleas informativas en el campus universitario.

Además, el sindicato se muestra dispuesto a iniciar procesos similares en todas aquellas universidades que lleven a cabo estas prácticas “fraudulentas”, al tiempo que piden una legislación más garantista que evite el “abuso de poder” sobre los jóvenes.