La sociedad española envejece, y en muchas ocasiones el envejecimiento viene acompañado de situaciones de dependencia. Aunque no sean exclusivas de esta etapa de la vida, estas situaciones obligan a los familiares a tomar ciertas medidas para que la persona dependiente reciba todas las atenciones y cuidados a fin de mantener, en la medida de sus posibilidades, la mejor calidad de vida. Entre todas las opciones posibles, y según estimaciones propias de Felizvita, la asistencia a domicilio es la alternativa preferida por más del 80% de los mayores dependientes, pues les permite mantener sus rutinas, su zona de confort, su entorno social, así como conservar cierta libertad.

Se calcula que en España existen unas 720.000 personas que trabajan como cuidadores a domicilio, ofreciendo acompañamiento, asistencia personal o apoyo en las tareas del hogar a personas dependientes o mayores que requieren de una ayuda o supervisión. Sólo en 2019 hubo más de 68.000 nuevas altas en la Seguridad Social bajo el epígrafe que engloba las actividades relacionadas con cuidados sociales y atención a personas mayores, siendo en la actualidad el sector que más empleo crea en nuestro país, por encima de la hostelería o la informática.

Salario digno
Estos profesionales desempeñan una función de gran importancia para nuestra sociedad, pues cubren una necesidad básica para la vida de muchas personas. Su trabajo implica una gran responsabilidad y conlleva una enorme carga física y emocional, por lo que merecen unas condiciones laborales adecuadas y un salario digno. En este sentido, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) permitirá mejorar esas condiciones y tal vez hacer más atractiva una profesión que, cada vez más, verá incrementada su demanda. Sin embargo, ¿quién asume y a quién penalizan los efectos de esa subida? De forma unilateral, a las familias de las personas dependientes.

Es decir, la medida es positiva, su fondo impecable, pero plantea muchos “peros” en el modo de gestionarla, cuando hablamos de un servicio de primera necesidad como es la atención a la dependencia. Muchos usuarios ya se han empezado a lamentar por no poder hacer frente al incremento del coste que pagan por esos servicios, que por otra parte no están cubiertos por las ayudas a la dependencia, casi siempre escasas y tardías.

Quizá a priori no parece tanto, pero hagamos cálculos: este incremento de 50 euros/mes en el salario mínimo, con 14 pagas anuales, supone una subida de 58,33 euros/mes, a los que hay que sumar 22,50 euros/mes del coste asociado a la actualización de la cotización a la Seguridad Social. En total, para las empresas que nos dedicamos a ofrecer servicios de asistencia domiciliaria a personas dependientes, supone un aumento del coste salarial de 80,83 euros/mes (hay que sumar nuestra propia cotización), y para aquellos clientes que necesitan asistencia en jornada completa se traduce en un encarecimiento del servicio en más de 105 euros/mes.

Por otro lado, no podemos olvidar que prácticamente el 100% de las personas dependientes que necesitan asistencia a domicilio son pensionistas. Sin embargo, mientras el SMI ha aumentado un 5,5% en enero de 2020, las pensiones no han corrido una suerte en igual proporción: las de jubilación sólo han aumentado un 1,32%, las de viudedad un 1,14% y las de incapacidad un 0,72%, según datos oficiales de la Seguridad Social.

El 22,27% de las personas jubiladas tienen pensiones mínimas, inferiores a 1.000 euros, según los datos de la Seguridad Social, por lo que desde Felizvita creemos que el empleo en el sector de la asistencia domiciliaria podría caer un 20% este año, dada la imposibilidad para algunas familias de asumir el encarecimiento del servicio, provocado por la subida del SMI.

De hecho, en solo un mes desde su implantación hemos recibido solicitudes de reducción o incluso baja total del servicio de un 6% de nuestros clientes. Y no sólo se destruirá empleo, sino que también se precarizará, con jornadas más cortas o contratos por periodos puntuales de coste más asumible, e incluso podría aumentar la economía sumergida, con familias que recurren a personas sin contrato para poder contar con un servicio que de otro modo no pueden pagar.

Ante esta situación, para defender la sostenibilidad de un sector que consideramos vital, solicitamos la adopción de medidas urgentes que permitan darle a la subida del salario mínimo el enfoque positivo que realmente tiene. Medidas que pasan, necesariamente, porque sus efectos sean soportados de forma compartida por el Estado, y no sólo a costa de las familias y las empresas de servicios a la dependencia.

Por un lado, una subida equivalente del importe de las ayudas a la dependencia, que actualmente, para servicios de ayuda a domicilio, de media no llega a los 450 euros/mes. Y por otro, que a estos servicios y todos los conceptos relacionados con el cuidado y asistencia a dependientes se les aplique un IVA superreducido o incluso cero, además de deducciones del  50% en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La asistencia a domicilio no es un lujo, y además representa un importante ahorro en atención sanitaria para el Estado. Seamos capaces de llegar a fórmulas de responsabilidades compartidas. Es por nuestros mayores, es por el empleo, es por todos nosotros.

Guillermo Molina es cofundador y CEO de Felizvita, empresa especializada en prestar servicios a domicilio, para el cuidado y asistencia de personas dependientes (mayores, niños…) en la Comunidad de Madrid.

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