La prosperidad de la ficción televisiva española se asienta sobre débiles bases. Al menos así lo afirman los técnicos y guionistas del sector, que se han rebelado contra la propuesta de convenio colectivo de la patronal del audiovisual, a la que acusan de querer imponer salarios de 900 euros, jornadas interminables y en general una gran precariedad en el desarrollo de las funciones de los profesionales del audiovisual español, incluyendo la publicidad.

Técnicos y guionistas del sector audiovisual español han anunciado “acciones contundentes” contra el “bloqueo” de la negociación de su convenio colectivo, situación de la que acusan a Pate, la patronal que agrupa a las grandes productoras del país, que quiere, según estas fuentes, imponer salarios de 900 euros y unas condiciones leoninas en el sector.

Los grandes sindicatos de clase, UGT y CCOO, junto a CSIF y CGT, y agrupaciones sindicales sectoriales como los técnicos de Tace, la gallega federación Faga, el sindicato de guionistas Alma y los técnicos de publicidad de Atpe, han arremetido hoy contra la propuesta de convenio remitida en febrero por la parte patronal en la negociación del convenio colectivo del sector.

Sin actualización salarial desde 2017, el sector dio en 2019 los primeros pasos para negociar un nuevo convenio colectivo, al cerrar unas tablas salariales que suponían, con alza cercana al 6,1%, la “primera subida salarial real” en años para la mayoría de los trabajadores, afirman en fuentes sindicales.

Sin embargo, la sorpresa saltó cuando, sin que las tablas llegaran a entrar en vigor, surgió una nueva patronal, Pate, que bajo el nombre de Productoras Asociadas de Televisión de España, agrupaba a los grandes grupos del sector, desde Mediapro, Secuoya, Atresmedia, hasta Mediaset, Telefónica y Endemol.

Tras la impugnación, y después de atribuirse el 50% de la representación empresarial, la nueva patronal Pate entra en la mesa de negociación, y se niega a ratificar el nuevo acuerdo salarial. No solo eso. Según los sindicatos, tampoco acepta acuerdos anteriores, como un pacto estatal que situaba el salario mínimo del sector un 7% por encima del salario mínimo interprofesional, el SMI, que ese año se situó en 900 euros mensuales, en catorce pagas, tras la subida del 22% acordada por PSOE y Unidas Podemos.

Finalmente, el pasado mes de febrero, las grandes productoras presentan una propuesta de convenio que se sitúa, según los sindicatos, “muy por debajo del fallido acuerdo de 2019”, y que ha provocado la movilización del sector.

“Si el empresariado entiende que el convenio pasa por salarios novecientos-euristas, difícilmente se va a poder avanzar en otros aspectos laborales”, afirman sindicatos y asociaciones profesionales en un comunicado conjunto.

“La parte social ha decidido de forma unánime responder con contundencia”, continúan, aunque sin precisar el alcance de estas movilizaciones frente a lo que califican como una “auténtica tomadura de pelo” por parte de los empresarios, a los que, además, instan a cambiar de actitud en la negociación de un convenio para una industria “emergente”, que necesita renovar sus condiciones salariales y de jornada, afirman.