La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha alertado al Gobierno de la necesidad de tomar medidas para adaptar al sector automovilístico a la nueva movilidad y así lograr aumentar la recaudación fiscal entre un 7% y un 12%, hasta 24.500 millones de euros.

Así lo ha señalado el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, tras reunirse este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Anfac ha pedido al Gobierno la «centralización» del marco regulatorio de movilidad y cambio climático para temas «claves» como la eficiencia energética, y ha solicitado un plan de ayudas para renovar el parque automovilístico español que tenga un carácter social y que fomente el achatarramiento de los vehículos más viejos.

Estas son algunas de las reclamaciones que se recogen dentro del ‘Plan Automoción 2020-40. Liderando la movilidad sostenible’, que el presidente de Anfac y la junta directiva de la asociación han presentado al Ejecutivo.

Según De los Mozos, este documento traza la estrategia y las acciones que llevarán a la industria de la automoción española a mantener y liderar la fabricación y venta de vehículos en Europa, adaptando e impulsando el negocio y el empleo de calidad hacia una industria de la movilidad y cumpliendo con su compromiso de descarbonización del parque, en línea con los objetivos de la Unión Europea.

Para el presidente de Anfac, esta primera reunión con el Gobierno es «fundamental» para el trabajo conjunto y la colaboración de todas las partes con el propósito de «diseñar un marco estratégico para el desarrollo de la nueva movilidad» en España, que permita impulsar al país como polo de atracción de nuevas inversiones y adjudicaciones de modelos y tecnologías para las fábricas.

El plan también aspira a convertirse en un «proyecto país» que involucre a todos los agentes relacionado con la cadena de valor, a todo el ecosistema, a la Administración y también al conjunto de la sociedad.

Entre otras peticiones, Anfac ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez una posición activa de España en la regulación que emana de la Unión Europea para defender una transición ordenada del sector del automóvil, que fortalezca la posición competitiva del sector europeo en el contexto mundial.

También ha pedido un marco regulatorio nacional «estable» y el desarrollo de una normativa en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos del vehículo, así como la colaboración público-privada que materialice objetivos comunes y proyecte una «imagen país» positiva.

Una política industrial que apoye la inversión, ayudas a la compra de vehículos electrificados y al desarrollo de los puntos de carga, una fiscalidad con criterios medioambientales, también son algunas de las necesidades del sector.

Todo ello para que puedan materializarse las diez acciones para el cambio que destaca Anfac, entre las que se encuentra la generación de una concienciación global que permita a la industria española de la automoción ser conocida y reconocida internacionalmente, la coordinación de las administraciones públicas para alcanzar un marco normativo «inteligente», la potenciación de las inversiones tecnológicas y el aumento de la eficiencia en la producción para las asignaciones de nuevos modelos.

El plan marca «una hoja de ruta definida» en cuatro fases en función del horizonte temporal. De manera inmediata, Anfac destaca la necesidad de generar mensajes positivos de certidumbre respecto al futuro de la automoción que atraigan inversores y potencien el mercado interior.

Hasta el 2025, el sector debería seguir atrayendo inversores, mientras que hasta el 2030 la automoción española debe lograr la adecuación del mix productivo de los diferentes tipos de motores a la demanda. De cara a 2040, el marco estratégico de Anfac contempla hacer efectivo el despliegue del ecosistema español de movilidad.

Desde la asociación resaltan la necesidad de invertir 54.000 millones de euros para el desarrollo de la movilidad del futuro, algo que consideran «económicamente rentable», puesto que anticipan una tasa interna de retorno de entre el 20% y el 30%.

Además, entre los impactos positivos de dicha inversión también se contemplan hasta 24.5000 millones de euros en aumento de la recaudación fiscal, así como un aporte adicional equivalente de hasta el 4,5% del PIB al saldo de la balanza comercial.

Anfac cree que los efectos directos e indirectos e inducidos sobre la economía española supondrán un aumento adicional de entre el 7% y el 12% del PIB, lo que se traduce en una subida de hasta el 7% del número de ocupados en España (entre 860.000 y 1,48 millones de personas).

Para que estas cifras se conviertan en una realidad, desde la organización demandan acciones industriales como el impulso a la innovación, el equiparamiento de la deducción por gasto en innovación o avanzar en la eficiencia del transporte de mercancías, entre otras.

También reclama la creación de un «marco fiscal integral al uso del vehículo con enfoque medioambiental», a través de un impuesto a la utilización en función de las emisiones de dióxido de carbono del vehículo, y vinculado a la supresión del impuesto de matriculación.

La asociación también aboga por la creación de un IVA reducido para los vehículos eléctricos, además de por ayudas a la renovación del parque con vehículos de cero y de bajas emisiones o por ayudas por inversiones en instalación de puntos de recarga.

Otras acciones solicitadas son la homogeneización de la regulación en todo el territorio nacional, la defensa de la neutralidad tecnológica, el impulso a la flexibilidad laboral o la potenciación de los polos industriales, entre otras iniciativas a llevar a cabo.