El Gobierno argentino ha cifrado en 68.843 millones de dólares (60.532 millones de euros) el valor de la deuda pública a negociar con los acreedores para su reestructuración, según el decreto 250/2020 publicado en el Boletín Oficial del país.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández

El decreto también ha determinado que las prórrogas de jurisdicción estén en línea con los tribunales estatales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres y Tokio.

Así, el informe ha puntualizado que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será «exclusivamente» por reclamaciones que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, en relación a contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen.

El decreto también resalta que esto no implicará ninguna renuncia respecto a la inmunidad de Argentina en relación a la ejecución de bienes que se encuentren en el exterior.

Por otra parte, el escrito ha destacado que, a efectos de resolver la situación de «inconsistencia macroeconómica«, resulta «fundamental» implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado para recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública.