El Consejo de Ministros refuerza la protección a colectivos vulnerables ante desahucios

10/03/2020

diarioabierto.es. Un Real Decreto Ley incluye a las familias monoparentales con un solo hijo y establece que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes que
refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo
de desahucio hipotecario.

Esta medida prorroga cuatro años adicionales la suspensión de los
lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024
ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su
domicilio por impago de la hipoteca.

Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma
que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de
desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación
de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de
la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.
Además, se establece que el nivel de ingresos familiares máximo para
acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.

Reforma de la Sareb

El Real Decreto-Ley modifica también la disposición adicional séptima de
la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para
adecuar las causas de disolución de la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a su naturaleza.
Esta modificación permitirá que Sareb continúe con sus funciones con
normalidad hasta el fin de su mandato, en 2027, contribuyendo a la
maximización del valor de la venta de la cartera de activos que recibió en
2012, así como a otras iniciativas como la ejecución de un programa de
promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 10.000 viviendas
para fines sociales.

Finalmente, el Real Decreto-Ley amplía los tipos de entidades financieras
que pueden solicitar su transformación en bancos, incluyendo a
sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero
electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, lo
que mejorará la competitividad de la economía española.

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