El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, han comprendido que el único modo de meter en vereda a las autonomías y obligarlas a cumplir el techo de gasto es una reforma de la Constitución. Y con agosticidad desvelaron ayer el acuerdo alcanzado durante la visita del Papa, que ha aceptado con reparos y a regañadientes Alfredo Pérez Rubalcaba, para introducir a toda prisa y en lectura única el nuevo precepto constitucional de “estabilidad presupuestaria” con tendencia al “déficit cero”.

El escenario para anunciar la reforma constitucional fue el pleno del Congreso. Sus señorías habían sido llamadas para convalidar el decreto de medidas económicas aprobado por el Ejecutivo el viernes pasado. Zapatero expuso el contenido, que, como se sabe, pretende ahorrar más de 2.000 millones de euros en gasto farmacéutico recetando los principios activos en vez de las marcas de los medicamentos; que las empresas que facturan más de 20 millones de euros adelante el impuesto de sociedades (2.500 millones), y fomentar la venta de viviendas nuevas mediante la rebaja del IVA del 8 al 4%.

Todo iba según lo previsto hasta que Zapatero anunció “la decisión estratégica” de trasladar a la Constitución el compromiso de que las administraciones públicas, todas, no gasten más de lo que recaudan. Es lo que se llama “estabilidad presupuestaria”. Naturalmente, ni Zapatero ni Rajoy aludieron a la “desobediencia autonómica”. El primero dijo que otras grandes economías europeas están haciendo o planteándose hacer esto para reforzar el compromiso de consolidar la Unión Económica y Monetaria y fortalecer la confianza en la estabilidad a medio y largo plazo de la economía española.

Pero, ¿desde cuándo una reforma constitucional de va a afectar a los servicios públicos y a los ciudadanos mas desfavorecidos, pues se trata de imponer el déficit cero, se anuncia en agosto, en un pleno convocado para otra cosa, y se acomete con urgencia y en lectura única?, se preguntaron Gaspar Llamazares, Rosa Díez y algún otro en tono de protesta. No hubo respuesta. Turris burris lo que digan las minorías.

Rajoy tampoco citó a las autonomías, pero es evidente que la reforma constitucional le resuelve un problema con los nacionalistas catalanes y con los gobernantes autonómicos de su partido si llega a La Moncloa. Si la mayor parte de los grandes analistas políticos de este país no alcanzaron a relacionar la convocatoria anticipada de elecciones para el 20N con el estrepitoso fracaso de la reunión del día anterior de Salgado y Chaves con los consejeros autonómicos para fijar el techo de gasto, Rajoy sí, y por eso no dudó en apoyar la iniciativa de Zapatero.

Él mismo recordó que había sugerido esa reforma en un foro en junio del año pasado y volvió a repetir la idea, calcada de la aplicada en Alemania, en el pleno del Congreso del 30 de marzo pasado. Entonces alguien le contestó con ironía: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis plas va a acabar con la crisis”. Ese alguien era Rubalcaba, a quien el martes Rajoy ni siquiera pidió que retire las injustas descalificaciones.

Como PSOE y PP quieren aprobar la reforma constitucional antes del 27 de septiembre, fecha de la disolución de las Cortes, la proposición no de ley con el contenido de la modificación se presentará el viernes, será tramitada por el pleno el 30 de agosto, habrá un plazo de enmiendas de siete días, será aprobada por la Comisión Constitucional en lectura única, pasará al Senado, que repetirá el trámite y quedará aprobada. El PSOE y el PP suman los dos tercios de los votos necesarios para aprobar el nuevo precepto y no será necesario someterlo a referéndum porque no afecta a la estructura del Estado ni, en teoría, a los derechos de los españoles.