La posibilidad de que el Gobierno vuelva a resucitar el impuesto de Patrimonio, que no está derogado sino que simplemente goza de una exención total, podría ser una de las bazas pero surtiría efectos en 2012 y además estos serían reducidos. No solo porque este impuesto tenía un peso recaudatorio escaso cuando existía, unos 2.000 millones de euros, sino también porque cuando se eliminó se reconoció que afectaba sobre todo a las clases medias y en la actualidad lo último que quiere el Ejecutivo, y el candidato socialista, es gravar más a este colectivo que es muy importante desde el punto de vista electoral.

Los cálculos que se hacen en Hacienda es que solamente un tercio de la recaudación lo soportaban las grandes fortunas, es decir poco menos de 700 millones de euros, lo que da una idea del alcance real que podría tener la recuperación de dicho impuesto dando por supuesto que se elevaría el mínimo exento para que no tuvieran que pagarlo los ciudadanos con rentas medias.

Si el Ejecutivo quisiera que una posible subida de impuestos a los más ricos tuviera una repercusión inmediata sobre las arcas del Tesoro es probable que la única manera fuera elevar las retenciones a cuenta del IRPF para las rentas más altas (la tarifa se establece por ley, normalmente en la de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno no va a presentar este año ya que ha decidido adelantar las elecciones a noviembre), lo que supondría poco margen real y además iría contra la liquidación de dicho impuesto que se hará en junio de 2012.

En todo caso, una subida del IRPF afectaría sobre todo a los sueldos de los grandes ejecutivos y no a las grandes fortunas ya que estás suelen percibir sus emolumentos y el rendimiento de sus inversiones a través de sociedades y por lo tanto cotizan por beneficios y no por renta.

Además, se supone que el Gobierno, con el decreto de ahorro farmacéutico y de adelanto de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades de las grandes empresas, conseguirá el colchón de recursos suficiente para que esté garantizado que 2011 se cierre con el objetivo de dejar el déficit público en el 6% alcanzado.

Por tanto hay que suponer que si el Gobierno decidiera subir ahora los impuestos a las rentas más altas su objetivo único sería hacer caso a la creciente presión para que quienes más tienen contribuyan más a la resolución de la crisis o por lo menos a los elementos que se ponen para intentar paliarla. Desde ese punto de vista, y con la mirada puesta en las próximas elecciones, parece un buen momento para hacerlo o por lo menos anunciarlo.

El problema surge cuando lo que se deja entrever es que el encaje entre el Gobierno y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno no está resultando tan fácil como se preveía hace unas semanas. Hay intereses contrapuestos, o no plenamente coincidentes, y personalismos que no dejan de salir a la superficie a poco que se escarbe.

El último conocido es el generado por la decisión de Zapatero de pactar con Rajoy la reforma de la Constitución para establecer el límite de déficit público y de endeudamiento dentro de ella y que Pérez Rubalcaba no quería llevar a cabo. Pero también hay problemas entre la vicepresidenta económica y el titular de Trabajo a cuenta de las modificaciones a la contratación que el Gobierno aprobará este próximo viernes.

El presidente del Gobierno anunció en el  Pleno del martes que se va a ampliar de dos a tres años el periodo máximo de duración de los contratos de formación y que, además, se podrá contratar con este tipo a parados que no hayan cumplido los 30 años cuando ahora el tope estaba en 25 años.

También se va a ampliar el plazo para que los contratos temporales se transformen en fijos manteniendo las bonificaciones establecidas. El borrador contempla que quede en suspenso durante dos años la obligatoriedad de que estos contratos se transformen en fijos si durante los últimos 30 meses han existido al menos 24 meses. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, además, la prórroga por seis meses  de las ayudas de 400 euros a los parados que reciban alguna formación y que el Fondo de Garantía Salarial siga pagando durante el año próximo ocho días de indemnización por despido justificado.