A diferencia del abatimiento e impotencia que reflejaba el rostro de Pedro Sánchez tras el tormentoso consejo de ministros en que se decretó el Estado de Alarma, el presidente del Gobierno comparecía el martes firme y concluyente, intentando dar una imagen de liderazgo de la que hasta ahora había carecido y que todavía se le resiste. Venía arropado por un plan de emergencia económica que pretenden movilizar nada mas y nada menos que 200.000 millones de euros, el 20 por ciento del PIB y la mayor cuantía puesta nunca a disposición de la sociedad y los agentes económicos dispuesta nunca en la historia de nuestra democracia, como se encargó de repetir con insistencia el Presidente.

Un paquete económico que responde a las necesidades y la urgencia de la situación en el capítulo de ayuda a las familias y también en el del empeño en el mantenimiento del empleo, con un nuevo marco normativo para los expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acelerados, retroactivos y por causa de fuerza mayor, como eje principal del plan de choque.

También parecen imprescindibles y efectivos esos cien mil millones en avales, créditos a interés fijo y reducido, que garantizan la liquidez de las empresas, especialmente de las pymes que serán las grandes damnificadas por la paralización económica derivada de esta crisis sanitaria. Medidas todas que apuntan en la buena dirección y en línea con las adoptadas por otros países afectados, pero en las que se observan dos lagunas importantes y una incógnita.

La primera omisión y a entender de los analistas y empresarios es la ausencia de rebajas fiscales y la renuncia a las subidas de impuestos anunciadas. Lo han hecho nuestros socios europeos, lo pidieron las organizaciones empresariales y los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional hace sólo una semana. Los aplazamientos no sirven. Son sólo parches y en una crisis como esta, donde el problema no está en la solidez de las entidades financieras sino en la paralización de la actividad económica y la industria las medidas monetarias son sólo paliativas y no curan si no van acompañadas de actuaciones fiscales decididas.

El segundo de los olvidos es el de los autónomos, a los que se facilita el acceso a la prestación por cese de actividad pero se les niega la imprescindible suspensión de las cotizaciones. “A ingresos cero, cotización cero”, repetía Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la asociación mayoritaria de este colectivo. El Gobierno debería rectificar en este punto y con urgencia.

Y la urgencia se deriva de la falta de concreción sobre el plazo temporal de estas medidas. ¿Servirán él Estado de Alarma se prolonga más de los quince días decretados o serán necesarias nuevas actuaciones? Y, ¿si es así, tenemos recursos suficientes para ello?

En cualquiera de los casos lo que si parece claro es que entre las víctimas del COVID-19 tenemos que añadir desde hoy a la estabilidad presupuestaria. Esa que regula el reformado artículo 135 de la Constitución tras el acuerdo del PSOE y el PP en 2011  por la que se que introdujo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo que no han podido las exigencias de Podemos y el ala populista del PSOE lo consiguió el coronavirus.

Y con la estabilidad presupuestaria desaparecen también el proyecto de Presupuestos de la coalición socialpopulista. En medios próximos al equipo económico del Gabinete afirman que el Gobierno da ya por liquidadas las cuentas diseñadas para 2020 y trabaja ya en unos presupuestos de reconstrucción económica para cuando acabe la crisis. Unas nuevas cuentas del Estado para las que se buscará el apoyo o, al menos la abstención del PP y de Ciudadanos, y que deberían ser muy diferentes a las que se presentaron.