El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) pide el aplazamiento o suspensión del pago de impuestos, o al menos de una parte, como se ha aprobado en Francia, Italia o Estados Unidos. También propone la suspensión de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y garantizar la prestación por cese de actividad, así como el aumento en el porcentaje de riesgo que asume el Estado hasta el 50% en el caso de los avales.

Reclaman el aplazamiento del pago de electricidad y gas, así como de los alquileres, si el arrendador lo puede asumir, similar a lo realizado en Francia para pymes, así como el abono inmediato de las facturas por parte de las Administraciones sin agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, y que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes. Y facilitar, con apoyo público, la posibilidad de descontar facturas pendientes de cobro, independientemente de si el deudor es empresa o sector público.

«La indeterminación de la duración genera una incertidumbre adicional y que el origen sea una crisis de salud pública agudiza ésta, lo que requiere la cooperación de ciudadanos, Administraciones y países», subraya el IEF.

La crisis pone de manifiesto la «fragilidad» de una parte relevante del tejido productivo español, especialmente de las empresas más pequeñas y tiene «importantes efectos» sobre el empleo a corto plazo a través de los ERTE.

«Lo importante es no convertir una crisis temporal en una crisis muy duradera, no convertir una crisis de liquidez en una crisis de solvencia. Ello implica tomar medidas pensando en el largo plazo, aunque haya que adoptar medidas urgentes que mitiguen los graves problemas de tesorería», subraya el IEF.