Cuando, hace un siglo, estalló la peor epidemia vírica de la era contemporánea, el Gobierno de Antonio Maura se vio desbordado y no hizo nada. Murieron 200.000 españoles, el uno por ciento de la población. Una hija de éste, que residía en Solares (Cantabria), se asomó a la muerte. Hasta el rey Alfonso XIII, de asueto en San Sebastián, se vio afectado. Y el ministro de Estado, Eduardo Dato, corrió a visitarle y se esforzó en tranquilizar a los súbditos: “Es una afección benigna”, dijo. Era el mes de octubre de 1918 y la “gripe española” hacía estragos en aquella España rural y enriquecida por la demanda de productos agrarios y de todo tipo de los países europeos sumidos en la Primera Guerra Mundial.

El nombre de “gripe española” era desde luego injusto, pues el microbio patógeno apareció en Estados Unidos. Lo trajeron los soldados enviados por el presidente Wilson a luchar contra los alemanes y sus aliados de aquel reñidero que fue el Imperio Austrohúngaro. Llegaron millón y medio de combatientes estadounidenses y canadienses e infestaron a toda Europa. Pero como la censura de guerra había puesto bozal y mordaza a la prensa de la época, sólo en la neutral España los periódicos hablaban de la gripe. De ahí que nos colgaran san Benito. La pandemia de aquel virus mutante contra el que solo se halló vacuna veinte años después mató a 50 millones de personas en todo el mundo, según la estimación de los estudiosos del fenómeno.

Un ejemplo: según el historiador Xosé Carlos Abad, el virus infestó en Vigo a 3000 personas, de las que murieron 657 (“A gripe de 1918 nas terras de Vigo”, Instituto de Estudios Vigueses). No fue la marinera y laboriosa ciudad galega (50.000 habitantes entonces) la única en sufrir la saña del patógeno, pues cuentan las crónicas que en Valencia, Oviedo, Tortosa…, la gente caía como moscas.  En Madrid, El Globo, El Liberal y otros periódicos informaban de la epidemia en los cuatro puntos cardinales y se hacían eco del miedo y la alarma de la población. La Correspondencia se quejaba de que decenas de soldados portugueses que llegaban andrajosos a la estación ferroviaria de Delicias del frente centroeuropeo se paseasen libremente por Madrid con sus petates al hombro. El Heraldo informaba de la gravísima situación de los lusos y los crecientes contagios en las provincias de Badajoz y Salamanca. El ABC se preguntaba a qué esperaba el Gobierno para ponerse en marcha.

Pero ¿qué podía hacer el Gobierno del conservador Maura si ni tenía ministro de sanidad ni red sanitaria pública, y los médicos, clínicas y casas de socorro dependían de los ayuntamientos? A la pregunta del rotativo madrileño respondió el ministro de Gobernación, Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, desplazándose a Pozal de las Gallinas (Valladolid), uno de los pueblos más castigados por el virus y dictando unas circulares a los gobernadores. La primera decía: “Hacen falta médicos” y ofrecía remuneración. No se escuchó, sin embargo, a los doscientos médicos rurales que semanas antes se habían manifestado en Zaragoza para llamar la atención sobre el abandono y la incuria de medios, incluidas las magras pagas que recibían, cuando las recibían. Y eso que el gran Antonio Zozaya, apóstol del pensamiento progresista, fustó a los caciques y dedicó en Mundo Gráfico un encendido elogio a aquellos hombres y mujeres de ciencia.

La alarma social no suscitó entonces alarma oficial. Las autoridades se limitaron a recomendar higiene, profilaxis, ventilación y aire libre. No se cerraron fábricas ni comercios. Tampoco se clausuraron bares, tabernas, casinos, bailes, teatros ni se suspendieron las fiestas de la Mercè en Barcelona, del Pilar en Zaragoza ni, mucho menos, los mítines políticos, los banquetes, las corridas de toros y las procesiones. La epidemia asoló el solar patrio sin que el Gobierno adoptara medida efectiva alguna que supusiera coste económico para las grandes fortunas o un ápice de impopularidad para los prebostes políticos de entonces.

Nada que ver con el “estado de alarma” decretado ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez para contener la epidemia y evitar los contagios. La reclusión imperativa y el paquete de medidas, con una disposición de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico del coronavirus que nos aqueja, revela la nueva ética de los gobernantes de hogaño que anteponen la vida a la economía. Se pensará que es lógico, pero no siempre ha sido así. Ya veremos en cuántos países desarrollados el Estado se hace cargo del 70% de los salarios durante la cuarentena. Más allá del detalle y las lagunas de las medidas relatadas el miércoles por Sánchez ante un pleno de ausencias, las medidas adoptadas por las autoridades también demuestran que la solidaridad y la disciplina social es posible. Todo eso hemos aprendido. Después de todo, el primer y principal capital de un país es su gente.