El Pleno del Congreso debatirá y votará el miércoles 25 de marzo las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis del campo y la supresión del despido por acumulación de bajas médicas, dos decretos leyes aprobados el pasado mes de febrero y que, tras la suspensión de la actividad parlamentaria por la expansión del virus Covid-19, corrían el riesgo de caducar.

Estas medidas están ya en vigor, pero conforme a la Constitución deben someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, su derogación.

También se decidirá si se tramitan como proyectos de ley con posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan modificar su redacción.

Pero la atención la copará la posibilidad de prorrogar el Estado de alarma vigente, si el Gobierno así lo decide, y junto a los tres decretos leyes con medidas ara afrontar la crisis desatada por la emergencia sanitaria.

No a la venta a pérdidas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá el decreto con el que busca garantizar precios justos a los productores, que cubran los precios de producción y eliminar la ‘venta a pérdidas’.

La modificación de la Ley de la cadena alimentaria contempla la obligación de los operadores del mercado de abonar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Este coste de producción debe incluirse como elemento mínimo en los contratos. También se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ningún operador anterior su riesgo empresarial derivado de su política comercial y se prevé la publicidad de infracciones graves y muy graves.

Supresión del despido por acumulación de bajas

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,defenderá la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas. El artículo amparaba la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzaran el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

El Gobierno ha defendido esta derogación, pactada por PSOE y Unidas Podemos y reclamada por los sindicatos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba esta fórmula, como el inicio de la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.