Así, las medidas propuestas por AEDAF afectarían al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). La asociación incluye otras medidas relativas al aplazamiento de deudas tributarias y autoliquidaciones y al Suministro Inmediato de Información (SII).

Los asesores fiscales consideran que los preceptos normativos aprobados hasta la fecha en materia fiscal resultan «manifiestamente insuficientes» y recuerdan que el propio Eurogrupo ha recomendado la adopción de rotundas medidas tributarias orientadas a diferir impuestos para paliar los déficits de liquidez de las empresas, cosa que ya han hecho «un buen número» de países, según indican.

Así, países como Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Portugal, Finlandia, Noruega, Grecia, Luxemburgo, Rumania, Eslovaquia, Lituania, China, Rusia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Costa Rica, Ecuador, Moldavia, Filipinas o Bosnia Herzegovina han optado ya por diferir los plazos para presentar autoliquidaciones tributarias por impuestos sobre la renta o por IVA y han introducido incentivos fiscales relevantes para otorgar liquidez a las empresas.

Y varias comunidades autónomas españolas han previsto medidas consistentes en diferir los plazos para autoliquidar impuestos o en aplazar, con carácter general, las deudas tributarias.

Por ello, desde la asociación piden «sensibilidad a la hora de entender el posible incumplimiento forzado de obligaciones tributarias como consecuencia de la situación», sensibilidad que según la asociación, no obstante, «sí ha quedado demostrada al abordarse posibles situaciones de fuerza mayor en los ámbitos del derecho civil, administrativo, o laboral».

Los asesores opinan que no deben comprometerse en exceso los ingresos tributarios del Estado para afrontar los costes que se derivarán de esta crisis, que obviamente serán necesarios, sin embargo insisten en la necesidad de «suavizar las dificultades extraordinarias de tesorería que sufrirán en los próximos meses las empresas españolas, y que deberían ir más allá del aplazamiento de deudas tributarias menores de algunas pymes, o de la posibilidad de conceder avales públicos a empresas con una tesorería en situación estresada para que el tejido empresarial español no resulte irreparablemente dañado».

«Tiempo habrá, una vez analizados los daños producidos por la crisis motivada por el Covid-19, de valorar qué medidas tributarias deberían ser adoptadas a medio y largo plazo para iniciar un proceso de recuperación de nuestra economía», advierten.