Los servicios públicos de empleo (SEPE) aguardan con una plantilla de 7.900 efectivos la avalancha de despidos temporales que llegará a sus ordenadores en respuesta a la crisis del coronavirus. Se estima que dos millones de trabajadores podrían verse afectados por uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); la apuesta española para atenuar las consecuencias económicas de la pandemia. “Sería ridículo comprometer recursos y fracasar en la gestión de los mismos”, afirman desde CCOO, que piden reforzar con 2.500 contrataciones el personal en plantilla de las oficinas de empleo.

El sindicato reclama apuntalar con un 30% más de efectivos la plantilla de los servicios públicos de empleo. En su dimensión actual, y si se cumple el augurio de los empresarios de que los ERTE afectarán a dos millones de trabajadores, cada empleado del SEPE tendría que gestionar la prestación por desempleo de unos 253 trabajadores; aunque, si hablamos de expedientes, y se extrapola el número de afectados por la media andaluza proporcionada para cada expediente – unos 7,4 trabajadores por cada uno de ellos – eso supondría que cada trabajador asumiera la tramitación de unos 34 expedientes.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que reclama el refuerzo de la plantilla con incremento de 2.500 trabajadores – un 30% más que los actuales –, ha advertido que sería “ridículo” condenar al fracaso al plan de ayudas a las empresas y trabajadores ideado por el Gobierno frente al coronavirus por la imposibilidad de “gestionar” el “desproporcionado volumen” de expedientes que están llegado ya a los dominios del servicio público de empleo, encargado de la gestión de las prestaciones por desempleo inherentes a estos ERTE.

La respuesta al cerrojazo económico que suponen las medidas de confinamiento decretadas para luchar contra el virus, depende enteramente de que la Administración Pública sea capaz de gestionar las ayudas planteadas, básicamente de dos tipos: una ágil suspensión de los contratos de trabajo de las empresas afectadas, y una línea de liquidez multimillonaria, cuyos términos también se discuten hoy, en el ámbito financiero, a fin de ver adónde alcanza el respaldo del Estado a los créditos que pidan las empresas (el Gobierno planeaba un 50%, que la banca quiere extender hasta el 80%).

Una prestación media de 860 euros

El Gobierno calcula que la prestación media que cobrarán los trabajadores que se acojan a los ERTE será de 860 euros; aunque dependerá de cada caso concreto. Con carácter general, la cuantía de la prestación por desempleo supone en este caso un 70% de la base reguladora (el sueldo) durante los seis primeros meses; con un máximo cercano a los 1.100 euros para los trabajadores sin hijos, que se elevan hasta unos 1.250 euros, con un hijo; y a unos 1.410 euros, con dos.

Hasta el momento se calcula que las cifras de trabajadores incluidos en un ERTE rondan los 750.000, aún pendientes de resolución. Aunque no existe un cómputo nacional, hasta el pasado domingo la cifra de afectados en Cataluña ronda los 250.000 trabajadores, a lo que hay que sumar una cifra posiblemente superior en Madrid, unos 150.000 en Andalucía, unos 75.000 en Andalucía y unos 30.000 en el País Vasco.

UGT reclama que se negocien

Paralelamente el sindicato UGT ha demandado a las empresas que presenten ERTE por fuerza mayor que negocien sus condiciones con los representantes de los trabajadores, a pesar de que la legislación les exime de ellos, a diferencia de los ERTE por causas técnicas, productivas y organizativas.

Muchas empresas, según el sindicato, sí están negociando estos expedientes de regulación temporal de empleo con la representación sindical, que denuncia sin embargo otros casos en que se están produciendo “abusos” en las condiciones de estas suspensiones temporales de contrato.

“Desde UGT no compartimos la idea de que empresas que se están ahorrando el 75% de las cotizaciones de sus trabajadores merced al esfuerzo solidario de todos los contribuyentes, ni siquiera consulten las condiciones del ERTE con los sindicatos”, concluyen.