Coitus interruptus

25/03/2020

José María Triper.

En paralelo a la evolución de la crisis sanitaria, la crisis económica sigue dando día a día noticias alarmantes sin que desde el Gobierno y desde la Unión Europea se esté actuando con la contundencia y la eficacia necesaria para evitar que el día después de esta situación nos encontramos con una economía en grave recesión y un colapso en la industria y lo servicios, con sus secuelas sobre el empobrecimiento y el empleo.

En estas últimas jornadas hemos asistido a una oleada, no por esperada menos alarmante, de indicadores negativos, empezando por los PMI – miden la actividad de los sectores- de servicios que registran ya contracciones récord en Alemania, Francia y en el conjunto de la zona euro, mientras que los expertos apuntan que el impacto en el PIB inicialmente será más elevado que en la crisis financiera de 2008 y apuntan que Alemania se dirige a la recesión y Francia apunta a una caída superior al 10 por ciento del PIB. Desplome similar al que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha pronosticado para España con una caída del PIB del 9,7 por ciento.

A ello se añade el fuerte descenso de las ampliaciones de capital durante los dos primeros meses del año, que según el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor se redujo en 1.900 millones de euros en comparativa interanual, y en paralelo, el importe de las reducciones de capital se incrementó hasta rozar los 3.500 millones de euros, casi un 100 por ciento más que en el mismo período de 2019.

En este contexto, el Consejo de Ministros autorizaba los primeros 20.000 millones de euros de la línea de liquidez anunciada de garantías crediticias por importe de 100.000 millones, de los que el 50 por ciento se destinará exclusivamente para autónomos y pymes. Medidas que, junto al resto de las anunciadas por el Ejecutivo los analistas y dirigentes empresariales califican de “coitus interruputus”. Tanto en lo referente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como fundamentalmente en lo que respecta a la ausencia de rebajas tributarias.

Las medidas “me parecen correctas para quien vaya a ir a pedir crédito y endeudarse pero los autónomos no las van a usar Tienen otras necesidades que el Gobierno aún no se ha enterado”, me comentaba el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, quien explicaba que “todavía no sabemos cuándo echarán a andar esas líneas de avales, no sabemos el tipo de interés porque el Gobierno ha dado libertad a los bancos para que lo determinen, y nos queda hasta final de abril en confinamiento2.

“Todo ayuda, pero esto es bueno para los portaaviones, los buques y las fragatas de nuestra economía, pero los infantes de Marina necesitan otra cosa. Si no serán muchos lo que se queden en esta batalla”, pronostica.

En una crisis como esta, donde el problema no está en la solidez de las entidades financieras sino en la paralización de la actividad económica y la industria las medidas monetarias son sólo paliativas y no curan si no van acompañadas de actuaciones fiscales decididas reduciendo impuestos y renunciando a las subidas anunciadas en el programa del gobierno de coalición. Los aplazamientos no sirven.

Pero al margen de su efectividad para la economía real, preocupa también el impacto sobre la macroeconomía. Cierto es que los avales no cuentan para déficit, pero si lo harán si hay fallidos y quiebras, que se esperan y el citado informe de Goldman Sachs anuncia una escalada del déficit público en nuestro país que podría llegar al 10 por ciento del PIB.

Junto al déficit la preocupación máxima es la deuda. En España está en el 95,5 por ciento por ciento del PIB y no puede endeudarse más sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Si no se consigue reducir la deuda las partidas presupuestarias destinadas al pago de la mismas deberán engordar dentro de las cuentas del Estado obligando a recortes en otras partidas de gasto, especialmente los sociales y los de inversión, con un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía y los ingresos fiscales.

Y es aquí donde debería entrar en juego la Unión Europea. Alemania y Países Bajos se pueden permitir el recurso a la deuda. España, Italia y Francia no. Ha llegado el momento de los eurobonos, porque como apunta el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, “la UE tiene que actuar. ¿Para qué sirve si en un caso de emergencia no actúa?”. Claro que, como el mismo reconoce “para eso se necesita liderazgo” y ahora mismo, con Ángela Merkel en retirada, ni está y no está claro que se espere a corto plazo.

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