Según Herrera, la consulta popular estaría a seis diputados de lograrse, gracias al apoyo del PNV y el Grupo Mixto.

Bastaría con el diez por ciento de los 350 diputados que integran el Congreso para que la reforma exprés de la Constitución que impulsa PSOE y PP se sometiera al refrendo de los ciudadanos. El PNV ya se ha manifestado a favor del referéndum mientras CiU aún no se ha pronunciado, aunque las declaraciones de sus líderes advierten que no permitirán ninguna merma del autogobierno. En este sentido, Herrera pide coherencia a la federación nacionalista para que se convoque un referéndum, en sintonía con las declaraciones formuladas por el ex presidente Jordi Pujol y el portavoz del gobierno de Mas, Francesc Homs.

Se trata de la enésima ocasión que se reclama un frente de diputados catalanes en defensa del autogobierno y, hasta el momento, nunca se ha producido a consecuencia de la disciplina de voto practicada por los 25 diputados del PSC que siempre han respaldado al PSOE. Si sólo seis de los diputados socialistas catalanes rompieran la disciplina de voto, el referéndum sobre la reforma constitucional tendría que convocarse, según asegura Herrera, que habla de “golpe de Estado financiero”.

Según Joan Herrera, que enviará una carta a los 350 diputados del Congreso pidiéndoles que respalden la convocatoria del referéndum, la posibilidad de convocar la consulta popular se encuentra en estos momentos a falta del apoyo de seis diputados, ya que asegura que contaría con 29 diputados que la respaldarían, fruto de sumar los diez representantes de la federación nacionalista catalana de CiU, los 6 del PNV, los 5 de ERC e IU-ICV y los 8 del Grupo Mixto, en los que se encuentran diputados gallegos y canarios, entre otros.

Por su parte, el consejero de Interior, el convergente Felip Puig, ha asegurado hoy en una entrevista a Catalunya Ràdio que será necesaria una respuesta “contundente y clara” desde Cataluña si la reforma constitucional lamina el autogobierno. En opinión del dirigente de CiU, se ha de evitar “lo que pasó en los años 80 con la Loapa y otras leyes, porque no puede admitirse que se limite el endeudamiento del Estado mientras se permite que Cataluña mantenga un déficit fiscal”.