Es deber del cronista dejar constancia del revuelo que ha causado en las filas socialistas el pacto entre Zapatero y Rajoy para petrificar la regla de gasto con tendencia al “déficit cero” en la Constitución. El contenido de una reforma que rechazan los socialistas franceses, por ejemplo, ha soliviantado a los dos diputados del ala izquierda del PSOE Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias por entender que anula la capacidad del Gobierno de impulsar políticas “contracíclicas” para enfrentarse con mayor gasto público a la crisis y mantener la cobertura social y el consumo. El presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Antonio Gutiérrez, ha ido más lejos y ha anunciado que no cuenten con su voto favorable. Algunos dirigentes autonómicos, comenzando por el lehendakari Patxi López, han dudado de la conveniencia de reformar la Carta Magna para una materia sujeta a la coyuntura. Muchos se preguntan ¿quién le ha puesto la pistola en la sien a Zapatero para matar, de paso, al candidato Rubalcaba, al que ya llaman Rubaljoy? Y miran a la canciller Angela Merker y al presidente del BCE, Jean Claude Trichet, como la pareja del gatillo. “Si estamos ante una intervención encubierta, que lo digan”, le piden a Zapatero. También se lo pidió Rajoy el martes en el Congreso.

El patio está tan revuelto en el PSOE que el propio Rubalcaba ha tenido que agarrar la sartén por el mango y ponerse a negociar con la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y su equipo, del que forman parte el profesor Montoro, Fátima Báñez y José Luis Ayllón entre otros, el texto de la reforma para darlo a conocer cuanto antes e intentar serenar los ánimos. Aunque el plazo para presentar la proposición de ley con la reforma termina el viernes, el objetivo de los negociadores socialistas es difundir el acuerdo este jueves para que la protesta no crezca. Los responsables de campaña del candidato socialista Elena Valenciano y Oscar López han pedido calma.

Si el fondo del nuevo precepto constitucional que se va a incrustar en el capítulo referido al sistema económico liberal de la Carta Magna resulta cuando menos discutible, habida cuenta de que la situación económica es coyuntural y de que con un principio de ese tamaño Zapatero no habría podido apelar al déficit hasta llegar al 12% para enfrentarse a la crisis y a un desempleo real que afecta a cinco millones de ciudadanos en edad de trabajar –algo que no ha ocurrido en Francia, Alemania ni en otros países de la eurozona, salvo Irlanda–, la fórmula elegida reformar la Constitución, con agosticidad, mediante un trámite de urgencia, en lectura única y por dos tercios de las Cámaras, ha indignado a amplios sectores de la población, que exigen un referéndum, y empieza a producir efectos indeseables para el Estado. No hay más que prestar atención, por ejemplo, al discurso que pronunciará este viernes el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, el aliado de Zapatero en la legislatura que termina.

Resulta altamente improbable que 26 senadores o 35 diputados reúnan sus firmas para exigir un referéndum. Si las uniesen, el Rey tendría que rubricar la petición y a Zapatero no le quedaría más remedio que convocarlo en un plazo de 55 días a partir de la publicación en el BOE, lo que permitiría realizar la consulta el mismo día de las elecciones, el 20 de noviembre, y no supondría mayor gasto sobre el ya previsto. Si se tratara de ejercer la democracia, colocando a las personas, al electorado, por encima del mercado, como tantas veces ha pedido el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ningún socialista dudaría en firmar. Pero como no se trata de eso, sino de “sosegar a los mercados” que se lucran de nuestra deuda a medio y largo plazo, no vale la pena el esfuerzo de preguntar en el patio revuelto de los parlamentarios socialistas, pues muy pocos están dispuestos a dejar de obedecer a sus jefes. Como dijo Séneca: primun vivere, de in de philosophare. Y aquí pan y después listas.