El Registro de Auditores Judiciales propone un aumento de los plazos estipulados en el artículo 5 bis de la Ley Concursal para hacer frente a la crisis por el Covid-19 y proteger así a las empresas que se encuentren en dificultades financieras, así como la creación de más juzgados mercantiles.

Los auditores consideran que con el aumento de plazos se podría facilitar la negociación y la refinanciación de los acreedores de las compañías para conseguir que la Administración de Justicia tenga un conocimiento «adecuado» y «cierta capacidad de reacción» ante los posibles nuevos concursos.

El real decreto-ley aprobado la semana pasada de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
Covid-19 establece que mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá este a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso,
mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera
comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo
de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera
vencido el plazo al que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

Auditores considera «imprescindible» la creación de más juzgados mercantiles con jueces titulares, y oficinas judiciales con más personal, para poder descongestionar los juzgados y gestionar de manera adecuada esta situación de crisis sanitaria.

También ve necesaria la aprobación de un Estatuto de la Administración Concursal, que defina el acceso a la misma y amplíe su libertad de acción bajo supervisión del juez.