Tal y como anunció el presidente del Gobierno a principios de agosto, el Consejo de Ministros volverá a reunirse el último viernes de este mes, después del consejo extraordinario celebrado el pasado 19 de agosto, para aprobar por Real decreto ley un nuevo paquete de medidas, con el objetivo de reactivar la actividad económica y elevar los ingresos del Estado para reducir el déficit público. Una posible subida de los impuestos a las rentas más altas podría incluirse entre las novedades, que incorporan modificaciones también en el ámbito laboral, pese al rechazo mostrado por los representantes empresariales y sindicales.

En el ámbito fiscal, salvo sorpresas de última hora, es previsible tal y como ha dejado interpretrar la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que el Consejo de Ministros introduzca cambios fiscales para gravar más a las grandes fortunas. Este debate fue abierto por el ministro de Fomento, José Blanco, hace tres años, y se repite desde entonces todos los veranos. Salgado ha reconocido que no hay tiempo para crear un impuesto nuevo que grave a los más ricos por la proximidad del fin de la legislatura, pero ha dejado la puerta abierta a que se tome alguna medida en ese sentido.

Por este mismo motivo, tampoco es descartable una nueva subida de los impuestos especiales que gravan el consumo de tabaco y alcohol o incluso del impuesto de los carburantes, algo que se puede realizar por decreto ley y que justo este mismo miércoles ha aprobado el Gobierno francés cuyas arcas públicas también están necesitadas de más ingresos. El Gobierno de Francois Fillon también acordó subir un 3% el impuesto a los c0ntribuyentes con ingresos superior a los 500.000 euros anuales hasta 2013, mientras las grandes fortunas galas se ofrecían a aportar más dinero vía impuestos.

El Consejo de Ministros de este viernes tendrá como protagonista principal, por tanto,  el ámbito económico y laboral, que en el mercado de trabajo incorporará importantes modificaciones, tal y como se lo ha hecho saber el Gobierno a los agentes sociales al enviarles un borrador el real decreto ley este miércoles. Así, como medida temporal está prevista la suspensión del límite al encadenamiento de contratos temporales hasta dos años, una medida que es ampliamente rechazada por los sindicatos, ya que amplía aún más la dualidad existente en el mercado laboral entre contratos temporales e indefinidos. Pero el Gobierno interpreta que la actual normativa (serán fijos los trabajadores que en 30 meses hubieran estado contratados durante más de dos años como temporales) está produciendo «efectos indeseados» de no renovación de contratos temporales.

Los sindicatos también rechazan la propuesta de contrato de formación del Gobierno sobre la que critican que se fije como límite para su realización hasta los 30 años de edad del trabajador, cuando deberían ser los 21 años, y que éste tenga una duración de 2 años con la posible prórroga de un tercero. En este ámbito, el contrato que iría dirigido a trabajadores sin cualificación, a los que se les permitirá combinar la formación con el trabajo remunerado, está también siendo cuestionado por los empresarios.

UGT y CC.OO. ya han hecho saber al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que el Gobierno esta «hurtando» el diálogo social materias propias del mismo. No ha sido suficiente que el Gobierno no haya incorporado el nuevo contrato a tiempo parcial, como se comprometió el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero con los líderes sindicales, una exclusión del real decreto ley que ha sentado mal a los representantes de la CEOE, que esperaban que la nueva fórmula contractual sirviera para dotar de mayor flexibilidad al tiempo parcial.

Lo único que parece contentar a los sindicatos en la prórroga de la ayuda de 400 euros a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones, una medida que todos consideran justa ante la dificultad de que puedan encontrar un empleo sin que empiece a reactivarse la actividad económica.

Asimismo, el Consejo de Ministros dará su visto bueno a la prórroga hasta el año 2o13 del pago por parte del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) de parte de las indemnizaciones por despido, si bien será solo para los despidos procedentes. También con referencia al Fogasa, el Gobierno ha fijado un plazo de seis meses para integrarlo en un único organismo con los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM), si bien a esta cuestión también se oponen UGT y CC.OO., que defienden la autonomía del Fogasa.

Y pese a que el acuerdo de febrero de este año entre Gobierno y agentes sociales (ASE) fijó la creación de un fondo de capitalización para el desempleo, el Gobierno ha decidido aprobar una nueva prórroga de este «mandato» hasta el primer semestre de 2013, puesto que la situación económica sigue imposibilitando su creación.

También el Gobierno ha decidido prorrogar un año más (hasta finales de 2013) las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en fijos.

Contrato de formación y aprendizaje

Por lo que respecta al contrato de formación y aprendizaje, el Ejecutivo quiere que se pueda realizar con jóvenes entre 16 y 25 años de no tengan ningún tipo de cualificación profesional, pero de manera temporal -hasta que se empiece a crear empleo- se eleva la edad de los jóvenes hasta los 30 años (hasta el 31 de diciembre de 2013), y para las personas con discapacidad no se fija ningún límite de edad.

La duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa ni cuando el puesto de trabajo haya sido ocupado por un trabajador durante un año.

Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.

El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.

Con salario y jornada laboral

El trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato. El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.

La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contingencias y prestaciones de la Seguridad Social.

Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2013 con trabajadores mayores de 20 años e inscritos en el paro con anterioridad al 16 de agosto de 2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

Asimismo, los trabajadores contratados bajo esta modalidad estarán eximidos de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato.

La norma prorrogará además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado ‘Plan Prepara’, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Para atender el pago de estas ayudas, el decreto contempla un suplemento de crédito al servicio público de empleo estatal, a financiar con deuda pública, por importe de 50 millones de euros.