El Consejo General de Economistas de España ha realizado una comparativa entre las medidas sobre aplazamientos de pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social adoptadas en España y otros países europeos en relación a la crisis del COVID-19.

Esta comparativa pone de manifiesto que, mientras que en España únicamente se han aplazado, hasta  30.000 € y solo para determinadas pymes, los importes a ingresar resultantes de las próximas autoliquidaciones. n la gran mayoría de países europeos (22 Estados hasta la fecha) se han extendido los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, unos ampliando los plazos de presentación de los impuestos, y otros, el pago de los mismos (entre otros, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria y Dinamarca).

En cuanto a las contribuciones a la Seguridad Social de trabajadores, empresarios y autónomos, han sido menos los países que han adoptado medidas, aunque sí alguna primera potencia, como Francia –donde se han diferido los pagos–, o alguno de los países más afectados por esta crisis, como Italia –que  ha suspendido las cotizaciones para los sectores afectados para los meses de marzo y abril–.

En España, las medidas adoptadas en el plano de la Seguridad Social se han restringido solo a los ERTE de causa de fuerza mayor motivados por el COVID-19, cuando precisamente es uno de los países con las cotizaciones a la Seguridad Social más elevadas de Europa.

A diferencia del Gobierno de España, que no ha tomado apenas medidas en este sentido, la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país (al menos 15 hasta la fecha) han ampliado plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de impuestos en su ámbito de aplicación de los tributos.

Ante la crisis, y puesto que algunas de las medidas sobre plazos, presentación de declaraciones  o flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones no se aplican respecto a procedimientos tributarios, de deudas o de autoliquidaciones de los tributos cedidos o propios de las CCAA, éstas han reaccionado legislando de muy diferente manera: las más han optado por ampliar los plazos para declarar o autoliquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones, añadiendo algunas lo relacionado con Tributos sobre el Juego.

Es el caso de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid o Comunidad Valenciana (aquí solo anunciado). Otras añaden ampliación en tributos propios, como Cataluña y Madrid; y, por último, algunas han adoptado iniciativas como que no se compute el tiempo de duración del estado de alarma para la duración máxima de los procedimientos, prescripción o caducidad, como Baleares (al igual que hizo la Agencia Tributraia) o declarar inhábiles los días del estado de alarma, como ha hecho la Comunidad de Madrid. En los territorios forales han sido generosos en la ampliación de plazos de autoliquidaciones de todo tipo y en la flexibilización de aplazamientos y de cumplimiento de plazos en los procedimientos tributarios.

Petición al Gobierno

A la vista de los resultados de las dos comparativas, desde el Consejo General de Economistas se ha solicitado, una vez más, al Gobierno la ampliación de los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilicen los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes, que se modifiquen los plazos del Impuesto sobre Sociedades, que se pueda cambiar la modalidad de cálculo del pago fraccionado de Sociedades, que se pueda reducir el pago fraccionado de empresarios en módulos y que se haga una moratoria en relación al pago de cuotas a la Seguridad Social.

Esta petición se ha efectuado mediante la remisión de tres escritos a los ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social, advirtiendo a los mismos que, de no tomarse estas medidas, “el daño para todos los actores económicos de nuestro país será irreparable y la recuperación de la crisis será mucho más lenta y dolorosa”.