La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha felicitado este viernes del pacto alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución, que ha definido como «un buen acuerdo» que dota a la economía española de la confianza que necesita y «pone a salvo el Estado de bienestar y las políticas sociales».

Sáenz de Santamaría ha destacado que este acuerdo es bueno desde el punto de vista «económico» porque «porque contribuye a mejorar la confianza que tanto necesita reforzar la economía española«, pero también lo es desde el punto de vista «social» ya que, según ha enfatizado, «garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales, frente al descontrol en las cuentas públicas que siempre lleva a recortes sociales».

Asimismo, ha remarcado que es positivo este pacto desde el punto de vista político porque «marca un consenso clave en una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española».

Zapatero y Rajoy

Durante su intervención, la dirigente ‘popular’ ha querido dejar claro que han sido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, los que han «cerrado» el acuerdo (en torno a las 13.00 horas de la madrugada del viernes),  y ha aclarado que «no ha habido ninguna reunión» del equipo negociador del PP con el candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sobre si teme fugas de voto en las filas del PSOE durante la votación del próximo viernes, la dirigente del PP ha indicado que «lo debates internos que puedan tener» debe explicarlos el propio Partido Socialista. Sin embargo, ha dicho que su partido ha negociado con el PSOE «con lealtad, con respeto y con buen entendimiento».

Según el PP, este pacto asegura mayor transparencia de gobierno; evita que se trasladen a generaciones futuras las consecuencias de «los excesos» presupuestarios; y convierte a España en un actor de estabilidad de la zona euro, situándose a la «vanguardia de la nueva política económica europea».

Además, facilita el crédito y la financiación al «dar solvencia a las cuentas públicas», algo que es clave para el crecimiento y el empleo», según Sáenz de Santamaría, quién ha aclarado que el año 2020 «no es el momento de aplicación» de la reforma «sino el momento de poner el contador a cero«, de manera que la deuda pública no pueda superar el 60%.

Igualmente, ha proseguido, el acuerdo «permite el mantenimiento de los servicios públicos«, ya que, «la mejor garantía» de esos servicios públicos pasa por tener unas «cuentas saneadas» porque de esa forma «se mantiene el nivel de las prestaciones sociales y los servicios públicos esenciales».

La portavoz ‘popular’ ha subrayado que PSOE y PP han acordado fijar un límite máximo de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en función del PIB de acuerdo con los valores de referencia europeos. En concreto, se establece que el límite máximo de deuda coincidirá con el valor de referencia contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la UE, es decir, el 60% del PIB.

Sáenz de Santamaría ha manifestado que durante las negociaciones con el PSOE, su partido «nunca ha hecho causa y debate de las cifras», si bien ha admitido que el Gobierno «planteó diferentes escenarios». Para el PP, ha continuado, «lo fundamental» era establecer en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de una serie de límites.

«Estamos satisfechos, es un buen acuerdo», ha exclamado, tras recordar que hace más de un año que Mariano Rajoy planteó esta reforma estructural, que debe ir acompañada de «otras muchas más reformas estructurales», como la fiscal, la laboral o la de competitividad.

Ante las voces que piden un referéndum, ha reiterado que «coincide» con Gregogio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, en que no es necesario el referéndum por «el propio contenido técnico» del artículo.

Después de que IU y los sindicatos anuncien movilizaciones por esta reforma, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha hecho hincapié en que con este acuerdo «ponen a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales», ya que el «mayor riesgo» de los servicios públicos es que haya «un descontrol de las cuentas públicas que lleven a recortes». A su entender, esta reforma va a «obligar» a la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas.

Después de que CiU haya mostrado reticencias defendiendo la autonomía financiera de Cataluña, ha querido dejar claro que el acuerdo «respeta la autonomía de todas las administraciones públicas» y sólo establece un principio básico relativo a la estabilidad presupuestaria que tienen que cumplir. «Después cada gobierno puede hacer sus propias políticas de gastos y de ingresos», ha aseverado, para incidir que «en ningún caso coarta la autonomía de cada administración pública».

Asimismo, ha recordado que Rajoy ya trasladó el pasado martes al portavoz de los nacionalistas catalanes en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, su «voluntad» de incorporar a más grupos al acuerdo, «especialmente a CiU». La propia Sáenz de Santamaría ha revelado que ella ha conversado estos días con los nacionalistas catalanes para informarles del contenido de las negociaciones. Por el momento, con los votos de PSOE y PP, esta reforma constitucional cuenta ya con un respaldo del 90% de la Cámara.

En cuanto a si es posible que otros grupos introduzcan enmiendas en el texto que han cerrado los dos partidos mayoritarios, ha indicado que su partido «analizará» las que se presente, eso sí, teniendo en cuenta que se trata de un «principio de acuerdo» que quieren «preservar». No obstante, ha asegurado que incluso ha leído en la prensa declaraciones sobre enmiendas «no ligadas en absoluto al objeto de esta reforma» (en referencia a la que plantea el PNV sobre la autodeterminación).