Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley de medidas laborales, entre las que destaca la controvertida decisión del Gobierno de suspender hasta 2013 el límite de encadenamineto de los contratos temporales. Junto a ella, se decidido prorrogar por otros seis meses la ayuda de 400 euros para los desempleados que hayan agotadado todas sus prestaciones y se crea un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación, que les permitirá combinar la formación con un trabajo remunerado. Pese a los rumores de que se podrían incluir medidas en otros ámbitos como el fiscal, y en concreto elevar los impuestos a las rentas más altas, el Ejecutivo ha decidido no abordar este asunto.

Un cambio de última hora se refiere al contrato de formación, que inicialmente iba a tener una duración de dos años prorrogables a un tercer año, pero que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido fijar una duración mínima de un año y máxima de dos años. Sólo si el proceso formativo lo requiriera se podría ampliar a un tercer año.

El nuevo contrato de formación y aprendizaje se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional.

Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.

El trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato. El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada de la jornada laboral habitual. El 25% restante deberá dedicarse a actividades formativas.

La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contingencias comunes y prestaciones de la Seguridad Social. «La protección social será exactamente la misma que para cualquier otro contrato», ha destacado Valeriano Gómez,l ministro de Trabajo, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza a personas desempleadas tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa empleadora tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

La norma aprobada este viernes prorroga además por otros seis meses, desde el 16 de agosto de 2011 al 15 de febrero de 2012, ambos incluidos, el llamado ‘Plan Prepara’, que combina formación y una ayuda de 400 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Hasta ahora, cerca de 128.000 parados han participado este programa.

Como ya habíamos explicado en diarioabierto.es, otra de las medidas se refiere a la prórroga hasta 2013 del pago del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de las indemnizaciones por despido procedente. Esta ampliación se ha decidido para dar tiempo a desarrollar un proceso negociador con el fin de implantar el fondo de capitalización, acordado en febrero de este año entre el Gobierno y los agentes sociales, y cuyo retraso también se basa en que la actual situación económica de las empresas impide su creación.

Y también relacionado con el Fogasa, el Gobierno establece un periodo de seis meses para integrar este organismo en los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM).

Asimismo se amplía hasta finales de 2013 el plazo para transformar los contratos temporales en indefinidos, siempre que su duración no exceda de seis meses.

Prioridad Nacional

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha concretado que este Real Decreto Ley es un «prioridad nacional» cuyo objetivo es la creación de empleo, sobre todo, entre el colectivo de jóvenes que dejaron sus estudios para irse a trabajar en el sector de la construcción y que en estos momentos tienen muy difícil encontrar un puesto de trabajo. Por este motivo, Blanco ha asegurado que la inclusión del nuevo contrato de formación el decreto les ofrece «presente y futuro».

Por lo que respecta a la polémica en torno a los contratos temporales, el real decreto confirma la suspensión durante dos años del artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el que se fija que se convertirán en indefinidos todos aquellos trabajadores contratados temporalmente durante un plazo de treinta meses que hubieran tenido contratos durante más de dos años, con o sin continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

Esta suspensión, según el Gobierno, obedece a que en estos momentos el límite al encadenamiento está produciendo «efectos indeseados» para fomentar la contratación indefinida y el mantenimiento del empleo, ya que los empresarios optan por no renovar los contratos temporales. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha dejado claro que se trata de una «suspensión, no de una eliminación de esta regla». Gómez, frente a las críticas sindicales, ha defendido la decisión porque se trata de «crear empleo» y ahora hay más destrucción que creación de puestos de trabajo.